Sí, sé que coincidiré con muchos al afirmar que este es un país en el que abundan leyes, reglamentos y normas, redactados fundamentalmente para intentar hacer efectiva nuestra creencia de que una vez establecida la norma, la realidad se normaliza sola, es decir, que en virtud de un texto reglado -aún sin atender a su cumplimiento- los problemas se resuelven por sí mismos, al igual que el sospechoso de Gila confesaba su crimen, solo con reiterar alguien ha matado a alguien... Y también creo que coincidiré con bastantes reconociendo, a renglón seguido, que nuestro grado de respeto -no digo ya de cumplimiento- respecto a tal avalancha legislativa es mínimo, y que en nuestro inconsciente colectivo existe la arraigada creencia de que la ley está para saltársela; siempre y cuando, eso sí, no te pillen; en este país lo segundo es lo único realmente grave y punible (aunque, entre tal maraña legislativa, eso no es fácil que ocurra salvo que se sea muy torpe. O pobre).
Viene todo este preámbulo a cuento de un caso concreto, citado por Guillem Martínez (Complicación tecnológica: Mucha más. en CTXT) respecto a uno de los artículos de los Estatutos Federales del PSOE, el Artículo 53.2, donde se lee: En todo caso, será obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político. Por no mencionar el Artículo 88.a, que considera falta grave La privación a otras personas afiliadas, por acción u omisión, de sus derechos de voto, asistencia a los actos del Partido y participación en las actividades de militancia sin la previa resolución del órgano competente.
Pues bien, no sólo es que la consulta a la militancia no se haya realizado de forma efectiva -aunque se anunciara- por parte del PSOE, sino que cuando Unidas Podemos -los teóricos socios preferentes con los que se estaba negociando un acuerdo para un gobierno de coalición- puso en práctica una norma semejante de sus propios Estatutos, a Pedro Sánchez tal cosa le pareció una deslealtad hacia su persona, opinando, además, sobre la forma y el contenido de tal consulta.
Yo creo que habría que redactar una ley -quizá mejor un reglamento anejo a cada ley publicada, no sé- sobre las penas a aplicar a los que no cumplen las leyes. Y recitarla insistentemente al oído de los sospechosos, como Gila; a ver si así...