Justa y necesaria (ésta sí)

I

Según un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) subtitulado "Una medida vital e imprescindible para superar la crisis", en el que se proporcionan datos tanto producto de los análisis de ese Sindicato como de otras fuentes solventes, la erradicación total de la economía sumergida en este país habría supuesto, en 2009, el aumento del PIB de España en unos 200.000 millones de euros: en este país hay un volumen del 21,5% de su PIB en economía sumergida, según FUNCAS. Dicho de otro modo: si se redujera el fraude fiscal en sólo 10 puntos (a niveles de los países avanzados de nuestro entorno), ello permitiría ingresar anualmente al Estado 38.500 millones de euros más que en la actualidad.
Dado que parece resultar imposible alcanzar los 40.000 millones de euros que supondría alcanzar los objetivos de déficit comprometidos -y ello recurriendo a injustos y drásticos recortes en servicios públicos, entre otras medidas- y dado que está demostrado de los recursos invertidos en la lucha contra el fraude fiscal se obtiene un beneficio del veinte por uno (la Agencia Tributaria se financia con un 5% de su recaudación bruta), ¿no sería una medida justa y necesaria -ésta sí-, que el Estado se dedicara de forma prioritaria a la lucha contra el fraude fiscal, destinando a ello todos los recursos posibles?

II

Con la reciente subida del IRPF, el 80% de ella recaerá sobre pensionistas y trabajadores cuando, como alternativa, subir el impuesto de sociedades del 30% al 35% sólo a grandes empresas -aquellas cuyos beneficios superan el millón de euros- supondría una recaudación cercana a los 14.000 millones de euros; es por ello una hipócrita gracia  del presidente del gobierno apelar a la solidaridad y esfuerzo de todos cuando prepara el escenario de futuros ajustes.

Es sabido también que dados los niveles de fraude fiscal y economía sumergida en ésta país, estimada entre un 20% y un 25% del PIB, con sólo reducirlo un 10% y situarlo en los niveles de países avanzados de nuestro entorno, la Administración podría recaudar 38.500 millones de euros adicionales cada año; tampoco oímos que el presidente haya considerado esta alternativa, ni siquiera a medio o largo plazo: debemos vivir en mundos paralelos que, desgraciadamente, se unen en la parte intermedia del embudo, el de la famosa Ley de ese nombre.