Como suele ser habitual en quienes viven ejerciendo una portavocía, es fácil -y humano- no acertar siempre. Hay quien inteligentemente acepta esta realidad y quien, por el contrario, se rebela contra ella. En éste último caso, tras las declaraciones suelen venir las explicaciones, aclaraciones y, sobre todo, lamentar las interpretaciones erróneas achacables -preferentemente- a los destinatarios de las declaraciones más que el reconocimiento de los errores propios, de fondo o de forma. En definitiva, el "sostenella y no enmendalla".
Así, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha lamentado las "interpretaciones erróneas" de sus palabras respecto al juicio de Iñaki Urdangarín, matizando que se refería a las decisiones que adopta el juez en función de las distintas circunstancias. Parece obvio que las circunstancias son y serán siempre distintas en cada caso, y que, naturalmente, la repercusión mediática será proporcional a la relevancia del imputado, pero eso debería ser algo ajeno a la propia función judicial que habría de centrarse en asegurar el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, y después aplicarla.
Naturalmente que los medios de comunicación atenderán más al juicio del Duque de Palma -como al de cualquier otra figura pública- que al de un ciudadano común, pero digamos que, en este caso concreto, eso "va en el sueldo" por el plus de ejemplaridad que debería ser exigible a alguien perteneciente -sea cual sea el grado- a la Casa Real. Y que no por ello ha de ser objeto de un trato de favor respecto a otros imputados en iguales circunstancias, si no, precisamente, todo lo contrario: eso sí sería procurar la igualdad de todos ante la Ley.
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