viernes, 18 de septiembre de 2020

El 155 (ahora para Madrid)

Hay quien cree oportuno, a la vista de la desastrosa gestión de la pandemia de CoVid19 en la Comunidad de Madrid, proceder a la intervención del gobierno autonómico de ésta mediante el Artículo 155 de la Constitución, tal y como se hizo -por primera vez- en Cataluña en Octubre de 2017.

No estará de más -es breve- recordar el texto del Artículo 155 de la Constitución (ese del que dicen que es como El Quijote, que muchos dicen haberlo leído, sin ser cierto):

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. 

Tampoco creo que esté de más recordar que dicho artículo es una trasposición aproximada de un artículo -el 36, exactamente- de la vigente Constitución de la República Federal Alemana; nuestros padres de la Patria se esforzaron lo justo y tuvieron en la alemana una fuente amplia de inspiración (no por casualidad) para nuestra Constitución del 78; dicho artículo dice:
 
1. Si un Estado no cumpliere las obligaciones federales que le incumben con arreglo a la Ley Fundamental o a otra Ley Federal, podrá el Gobierno Federal, con el asentimiento del Consejo Federal, adoptar las medidas necesarias para imponer a dicho Estado el cumplimiento de sus deberes mediante la coerción federal.
2. Para el ejercicio de la coerción federal, tendrá el gobierno Federal o, eventualmente, su comisionado el derecho de impartir directrices frente a todos los Estados regionales y sus órganos.
 
Aún con el modelo adoptado, la discusión  parlamentaria sobre el artículo 155 fué en su día sujeto de tantas tensiones partidarias que su redacción quedó como se ha citado: radical y ambigua a la vez y desde luego, sin mejorar el original, introduciendo conceptos de tal amplitud que permiten que sea utilizado de forma arbitraria: ¿cuando se está atentando gravemente contra el interés general de España?, por ejemplo,  encomendando  al Senado encontrar la respuesta a esa y otras preguntas y decidir en consecuencia. 
 
El artículo 155, pues, pretende cumplir la función de un último recurso destinado a salvaguardar la soberanía nacional frente a  la posible insumisión de los poderes territoriales o autonómicos, convirtiendo  así al Estado español no en un ente de soberanía integrada sino basado en una soberanía central superior de la que dependen en forma delegada o tutelada (dependiendo del grado de insumisión al gobierno central) las distintas soberanías territoriales; no en vano nuestro Estado de las Autonomías se ha considerado un caso de estudio en derecho administrativo comparado en cuanto a intentar una fusión de los conceptos de Estado centralista y federalista: un intento de conjugar y hacer posible una forma de reunir las Españas históricas en una sola España; quizá el experimento no haya sido tan exitoso como los gurús de la Transición han asegurado.
En todo caso, el artículo 155 responde a un supuesto de excepcionalidad; si cada vez que una Comunidad Autónoma se desviara del interés general de España -a criterio del gobierno central- se recurriera a su aplicación, correríamos el riesgo de desequilibrar de forma  sustancial el delicado sistema de nuestro Estado de las Autonomías; aunque quizá ese fuera un buen punto de partida para que los españoles se plantearan (recuperando lo aprovechable de nuestra historia) definitivamente la necesidad de abordar una reforma fundamental de la Constitución -o unas elecciones constituyentes- que abordaran la posibilidad de la formación real de un Estado federal, así como su forma y jefatura (monarquía o república).

Finalmente, la aplicación -a mi modo de ver, injustificada y también mal ejecutada- del artículo 155 en Cataluña, no debería servir de pretexto para su aplicación ahora en Madrid, que deberá resolver su evidente desgobierno actual por los medios políticos legalmente previstos para ello.

martes, 15 de septiembre de 2020

El cono del silencio.

Los dirigentes de los partidos -los que tienen una cierta historia, al menos desde la Transacción del 78- tienen la costumbre de negar a sus antecesores, generalmente superando las tres veces que San Pedro negó a Cristo; negación que suele incluír expresamente  varios yo no estaba, yo no era, yo no sabía para rematar con un me sorprende y me disgusta eso que usted afirma sobre la corrupción en mi partido; M. Rajoy llegó incluso a rizar el rizo afirmando que la trama Gürtel era una conspiración contra el PP, al igual que Esperanza Aguirre afirmaba -sin ruborizarse- que ella había sido  quien había destapado, sin ser consciente -desconocimiento casi virginal- esa misma trama. Como antecedentes cercanos de ese proceso de negación tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que aseguraba ser la otra -nada que ver con Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes- y ahora es Pablo Casado quien afirma que él, en la época de los casos de corrupción del PP -y el posterior intento de volver a poner la tapa a la Gürtel creando y utilizando  la denominada policía patriótica, utilizando para ello recursos públicos- era un simple diputado por Ávila, provincia que, como todo el mundo sabe, está bajo un gigantesco cono del silencio como aquél -que ni era un cono ni resultaba ser muy silencioso- a que tan adicto era Maxwell Smart (Superagente 86); cono que en éste caso, además, dispone de un filtro especial para todo lo que suene a corrupción en el PP, y así es difícil que él pudiera enterarse de nada: ni la una ni el otro se consideran responsables de lo que ocurría en el PP en la época en que se estaban produciendo los casos de corrupción en su partido.

Pero no es sólo que cuando se acepta la responsabilidad de dirigir un partido político y se recibe la herencia del anterior equipo directivo se entiende que dicha herencia se recibe íntegramente -es decir, deudas incluídas- es que, además, -y sobre todo- tanto Isabel Díaz Ayuso como Pablo Casado ocupaban ya entonces puestos relevantes en la organización del PP y aún más, ambos estaban muy cerca de la información que se manejaba en el PP a todos los niveles (no olvidemos que ya entonces Pablo Casado gozaba de la confianza de políticos del PP como Alfredo Prada, Esperanza Aguirre y José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso estaba igualmente a las órdenes de Alfredo Prada, consejero de Justicia e Interior del Gobierno la Comunidad de Madrid, dirigiendo su departamento de prensa, ganándose la confianza de Esperanza Aguirre mientras tuiteaba los pensamientos políticos de Pecas, el perro de ésta; Prada fué en 2008 objeto de contravigilancia -la famosa gestapillo de Madrid- posiblemente como producto de la competencia entre las tramas Gürtel y Púnica): y que fué justamente la información que ambos poseían debido a sus respectivos cargos la que seguramente hicieron valer para escalar a sus actuales puestos directivos (no olvidemos tampoco que tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes fueron valedoras cercanas de Isabel Díaz Ayuso en su acceso a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP y que Dolores de Cospedal -actualmente investigada en el caso Kitchen- la valedora decisiva de Pablo Casado -contra Soraya Saénz de Santamaría- en su proceso de elección como presidente del PP; todo hace sospechar, pues, que sea fundamentalmente falso que ambos políticos ignoraran -ya entonces- las profundas implicaciones estructurales dentro del PP de lo que suponían los casos de corrupción que se han ido conociendo públicamente con posterioridad y en incesante cadencia; por resumirlo gráficamente, ambos llevan tan adherida la mierda a las suelas que ni cambiándose de zapatos harían que el olor desapareciera (que parece ser que es lo que Pablo Casado se está planteando con el abandono de la sede del PP de Génova 13: un desesperado alejamiento de tan enmierdado edificio; todo un símbolo irradiando pútridos efluvios).

lunes, 7 de septiembre de 2020

-cracia

 

...el sufijo -cracia, procedente del griego, significa gobierno, dominio o poder; es decir -resumiendo- la sumisión de unos humanos a otros -generalmente una minoría privilegiada- que marcan unas reglas de coexistencia y, en general, marcan sus condiciones de  vida; desde ese conocimiento es fácil creer que una solución sería suprimir radicalmente esa sumisión: la acracia (doctrina que propugna la supresión de toda autoridad heredada o autoconferida); lamementablemente, para llegar a esa utópica Arcadia, cada ser humano debería ser alguien profundamente educado, empático con sus semejantes y con la conciencia plena de ser parte de una sociedad a la que debería dedicar su vida y esfuerzos con el objetivo último de lograr el bien común: sabemos por experiencia histórica que ese mito nunca se ha hecho realidad (aunque ha habido meritorios intentos, incluso en España, y en las difíciles circunstancias de una guerra civil); vivimos de mitos que hay quien pretende hacernos creer que son reales, la democracia no deja de ser otro mito.

Por ello -siendo realistas- lo más parecido a esos mitos y a lo que podría aspirar hoy día sería vivir en una ginecocracia (gobierno de las mujeres). Es un hecho conocido que de los 10 países que mejor han gestionado la crisis de la Covid19, 8 están dirigidas por mujeres, siendo así que sólo el 7% del total está bajo su responsabilidad de gobierno. El ejemplo prototípico es Angela Merkel, canciller de Alemania que, como es sabido, lidera un partido conservador; sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que impulse decididamente políticas inteligentes, positivas y sociales ante la pandemia.

Espero poder ver el día en que este país sea dirigido por una mujer -que no haya adoptado los roles machistas, evidentemente, la testosterona sintética es mucho más peligrosa para el cerebro que la masculina natural- así como espero ver el día en el que un país de ciudadanos responsables y con criterio político -es sólo una hipótesis que pudiera ser éste, pero que por imaginar no quede-  decida constituirse en República (otra forma de -cracia, otro mito) como mal menor. Ambas visiones me corren cierta prisa, pero vamos, que me conformaría con que otros lo pudieran ver.

martes, 1 de septiembre de 2020

Se puede (si se quiere)

Nadie no puede arrimar el hombro, ha manifestado Sánchez durante su conferencia ante banqueros, empresarios y agentes sociales. Es conocida la dificultad del empleo de la doble negación en español (que se lo digan a James Rhodes); creo que hubiera sido  más correcto decir Nadie puede no arrimar el hombro; tal y como se ha expresado el presidente del gobierno me recuerda ligeramente a Polifemo después de perder su ojo por la perfidia de Ulises. Y aún así, el lema genérico de la conferencia, España puede (tan peligrosamente cerca del lema de Unidas Podemos, Sí se puede) mantiene la tradicional confusión entre los verbos poder y deber; habitualmente decimos que no se puede hacer tal cosa cuando queremos decir que no se debe, justamente después de constatar que se ha hecho (indebidamente).

Como ejemplos de esta matización -no puramente lingüística- podríamos citar algunos: se puede (pero no se debe) consentir por parte de la ciudadanía que sus represetantes políticos utilicen el sufrimiento de amplios sectores de la población debido a la pandemia de forma puramente partidaria, utilizándolo como combustible para sus fuegos particulares; se puede (pero no se debe) contemplar antes los intereses de las empresas y del gran capital que los de la mayoría de los españoles; se puede (pero no se debe) continuar ignorando las promesas por parte del partido mayoritario en el gobierno actual en cuanto a la derogación efectiva de las leyes retrógradas y lesivas para la mayoría de la población y promulgadas por el PP a partir de 2010, tales como la Reforma Laboral o la Ley Mordaza; se puede, (pero no se debe) ignorar los derechos y la dignidad de nuestros mayores...todo ello se ha podido y se está pudiendo hacer, indebidamente.

Resumiendo, si le hubiera querido Sánchez dar más fuerza al lema, hubiera debido emplear España debe; sin ser devoto del autoritarismo, creo que actualmente los españoles necesitamos que nos digan -con argumentos y razonadamente- lo que debemos hacer, no lo que podemos hacer (uno de los puntos débiles de la denominada desescalada ha sido confiar en la madurez, responsabilidad y autodisciplina  colectiva de los españoles: la inmadurez, irresponsabilidad e indisciplina no son sólo anecdóticas, a diario tenemos ejemplos de ello; puede que sea un minoría de españoles, pero me temo que no, habida cuenta la cantidad de tontos existentes). Sí, en las circunstancias actuales hay que emplear más el tono de lo que debemos que de lo que podemos: lo primero es lo concreto y efectivo, lo segundo es etéreo voluntarismo buenista. Una vez decidido que es lo que debemos hacer, que sería -en su consideración como Razón de Estado-  lo primero a concretar, claro. A este respecto, un buen escenario concreto -o diagnóstico de prioridades- son las propuestas de Sánchez: transición digital, transición ecológica, cohesión social y territorial y un cambio feminista; sólo falta que esta vez se pase del se puede al se debe y, finalmente, se lleve a la práctica (cosa que no suele ocurrir).

sábado, 29 de agosto de 2020

Los Borbones (resumen de antecedentes)

Al finalizar la guerra de sucesión y poco después de ser confirmado en el trono de España en 1713, Felipe V promulgó el Reglamento de sucesión al trono (Nuevo reglamento sobre la sucesión en estos Reinos), más conocido posteriormente como Ley de Sucesión Fundamental; según la nueva norma, las mujeres podrían heredar el trono, pero sólo en el caso no haber herederos varones en la línea principal (hijos) o lateral (hermanos y sobrinos). Esta Ley de Sucesión fundamental no debe ser confundida con la Ley sálica, como sucede con frecuencia; la Ley sálica (procedente de las leyes seculares de los francos salios del siglo V) excluye absolutamente del acceso al trono a las mujeres, en cualquier caso.

En 1724, Felipe V abdicó la corona de España en su hijo primogénito que reinó en España como Luis I; el reinado de éste fue breve, como su vida, a los ocho meses de su reinado y 18 años de vida murió de viruela. Las causas de abdicación de Felipe V no están claras; pudo deberse a cálculo político -esperaba heredar la corona de Francia, lo cual no era compatible con ser rey de España- o bien, más probablemente, a sus condiciones anímicas (era ciclotímico y maníaco-depresivo) y a una progresiva inestabilidad mental (se negaba a cortarse las uñas de los pies hasta que apenas podía caminar, dormía de día y reunía a la corte de madrugada. Tampoco quería cambiarse de ropa porque tenía miedo a ser envenenado a través de ella, no se dejaba asear y sufría delirios; en otras ocasiones, creía ser ser una rana y como tal se comportaba en palacio: croaba y brincaba por las estancias de La Granja negando su condición humana, pues estaba seguro de que carecía de brazos y piernas). Naturalmente, una abdicación no puede ser retroactiva, y, en consecuencia, debería haber sido nombrado rey -de acuerdo a la Ley de Sucesión Fundamental, promulgada por él mismo, su hijo Fernando (de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya), hermano menor de Luis I -muerto sin descendencia-  y primero en la línea sucesoria; sin embargo, la segunda esposa de Felipe V, la reina Isabel de Farnesio -de la que se asegura que era realmente la que gobernaba, incluso durante el breve reinado de Luis I- consiguió que el Consejo de Castilla pidiera a Felipe V que volviera al trono; una semana después de la muerte de Luis, Felipe V recuperaba la corona de España y su hijo Fernando era proclamado nuevo Príncipe de Asturias.

Fernando finalmente fué proclamado rey a la muerte de su padre en 1746 como Fernando VI. Doce años después, en 1758, la muerte de su esposa, Bárbara de Braganza, le sumió en la locura; también padecía crisis epilépticas y probablemente era bipolar, lo que le llevó a intentar suicidarse varias veces. Complicaciones infecciosas y la desnutrición derivada de su estado anímico -delgado y pálido, fingía estar ya muerto- hiceron que realmente muriera sólo un año después, en 1759. Al no haber tenido descendencia propia, fue sucedido por su medio hermano, Carlos III, también hijo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. 

Carlos III (que hasta 1759 había sido Carlos VII como rey de Nápoles y Carlos V como rey de Sicilia) acabó, pues, siendo rey de España por la muerte sin descendencia de sus medio hermanos Luis I y Fernando VI, ambos hijos de la primera esposa de Felipe V. Carlos III, a su vez,  tuvo trece hijos con su esposa María Amalia de Sajonia, el sexto fué el primer hijo varón (tras cinco hijas); pasada la alegría inicial pronto se hizo evidente su anormalidad: padecía ataques epilépticos y retraso mental -una gran pesadez de cabeza, en palabras de un prudente observador cercano- Por ese motivo fué excluído de la linea sucesoria que recayó en el siguiente hijo de Carlos III, Carlos Antonio Pascual Francisco Javier Juan Nepomuceno José Januario Serafín Diego, (futuro Carlos IV), jurado como Príncipe de Asturias en 1760; al parecer, Carlos III tampoco estaba entusiasmado con sus capacidades.

Seis meses después de haber accedido al trono por la muerte de su padre, Carlos IV convocó en 1789 las Cortes para que éstas juraran como heredero al trono y príncipe de Asturias a su hijo Fernando que entonces contaba con cinco años de edad; era el noveno de los 14 hijos que tuvo Carlos IV con su esposa -y prima- María Luisa de Borbón-Parma (aunque antes de morir en 1819, Fray Juan de Almaraz, el confesor de la reina, recogió de ella por escrito la confesión de que ninguno, ninguno de sus hijos e hijas, ninguno era del legitimo matrimonio, lo declaraba para descanso de su alma y que el Señor le perdonase; la conducta posterior de Isabel II cuenta con notorios precedentes). También, en las Cortes de 1789, Carlos IV hizo aprobar una disposición para derogar la Ley de Sucesión Fundamental establecida por Felipe V y volver a las normas de sucesión establecidas tradicionalmente para la Corona de Castilla por el código de las Partidas (Partida Segunda) de Alfonso X; sin embargo, por motivos de política internacional, esa Pragmática Sanción no llegó a ser publicada ni, por tanto, tuvo vigencia en aquellas fechas.

Fernando (Fernando, María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio, Joseph, Joachîn, Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Francisco Xavier, Rafael, Miguel, Gabriel, Calixto, Cayetano, Fausto, Luis, Ramón, Gregorio, Lorenzo y Gerónimo), príncipe de Asturias, con prisas por ser rey ya de joven, urdió en 1807 -cuando contaba 22 años- una conspiración para derrocar a su padre que fué descubierta y dió lugar al denominado proceso de El Escorial; con la experiencia adquirida lo intentó de nuevo el año siguiente mediante el motín de Aranjuez, que fué más efectivo, ya que simultáneamente eliminó políticamente tanto a Godoy (el primer Generalísimo de España), valido de Carlos IV, como al propio Carlos IV, obligado a abdicar. Este primer reinado de Fernando VII le duró apenas tres meses (Marzo-Mayo de 1808); Napoleón tenía otros planes respecto a los Borbones, tanto los de la rama napolitana como los de la española; en Mayo de 1808 y mediante una mezcla de presión y engaños, Napoleón consiguió que Fernando VII devolviera la corona a su padre y que éste renunciara a ella en favor del propio Napoleón (abdicaciones de Bayona), que ya tenía su propia opción para ocupar el trono de España: su hermano José. Al finalizar la guerra de la Independencia, Fernando VII (al que la propaganda fernandina había convertido en El Deseado, aunque ya había acumulado los suficientes méritos para ganarse su otro apodo: rey Felón), volvió de la dorada semiprisión francesa -donde había pasado los seis años de la salvaje guerra de la Independencia cazando, organizando fiestas y paseando a caballo por los alrededores de Valençay- a España en 1814 para ser rey, de nuevo. De inmediato suprimió la Constitución de Cádiz de 1812 y reinstauró el absolutismo hasta 1820, en el que un golpe militar de inspiración liberal le obligó a aceptarla. Poco duró; en 1823, la familia Borbón (rama francesa; Luis XVIII) envió a España a los Cien mil hijos de San Luis, que permitió a la facción realista y a Fernando VII reimplantar el absolutismo hasta su muerte, en 1833. Esta última fase de su reinado, la denominada Década Ominosa, se caracterizó por una feroz represión política, aunque acompañada de una política económica de inspiración liberal, que impulsó la formación de un partido más realmente absolutista alrededor del hemano de Fernando, el infante Carlos María Isidro. A ello se unió el problema sucesorio, basado en la promulgación por Fernando VII en 1830 de la Pragmática Sanción (aquella que Carlos IV no publicó en 1789), que establece que las mujeres pueden reinar si no existen hermanos varones, motivo de la Primera Guerra Carlista (finalmente fueron tres), que estallaría a la muerte de Fernando con el ascenso al trono de su hija Isabel II, no reconocida como heredera por el infante Carlos (Carlos V, para la facción carlista).

Isabel II fué el fruto del matrimonio (el cuarto; no tuvo descendencia en los tres anteriores) de Fernando VII con su sobrina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y nació en 1830, tenía por tanto menos de tres años cuando falleció su padre; su madre ejerció de regente hasta 1840. María Cristina mostró ser una viuda consolable, ya que inció una discreta relación  con Agustín Fernando Muñoz Sánchez, sargento de la Guardia de Corps, con el que se casó en secreto en 1833 y con el que tuvo cinco hijos durante la Regencia (posteriormente tuvieron tres más; admirable y duradera fogosidad); como oficialmente no podía estar embarazada al ser viuda y regente, se retiraba largas temporadas en el palacio de Vista Alegre; los hijos eran trasladados recién nacidos a París, donde eran atendidos por personal de confianza que guardaba lógicamente el secreto de sus orígenes: en  éste caso los niños no venían sino que iban a París. En 1840, el general Espartero se sublevó e hizo que expulsaran (por primera vez) de España a María Cristina; simultáneamente se hizo público su matrimonio con Fernando Muñoz, aunque ya entonces era un secreto a voces. En 1842, y producto de otra sublevación militar (O'Donell, Narváez y Prim) se declara mayor de edad a Isabel II pese a contar con tan sólo 13 años, y presta juramento como reina ese mismo año; como consecuencia, la primera guerra carlista declarada durante la Regencia de Isabel II  se recrudece. Y también se permite el regreso a España de su madre (y, de paso, que su esposo, Fernando Muñoz, sea nombrado duque de Riánsares y Grande de España). María Cristina aprovechó tan favorable coyuntura para proseguir -con el auxilio de su marido-  dedicada a los negocios -se decía que no había proyecto industrial en el que la Reina madre no tuviera intereses- que incluían, entre otros, la minería, los ferrocarriles, la sal (en monopolio) y el comercio de esclavos; negocios en los que prosperaban gracias al uso de recursos públicos y al manejo de información privilegiada sin mucho disimulo y como comisionistas en intercambos comerciales (nada nuevo bajo el sol). En 1854, tras el golpe liberal de O’Donnell es nuevamente expulsada, saliendo hacia Portugal, posteriormente se trasladaría a Francia. En esta segunda expulsión perdió también la pensión vitalicia que le habían concedido las Cortes; nada que le preocupara excesivamente, dado el caudal acumulado derivado de sus negocios y que, por supuesto, no radicaba en España. Volvió puntual y esporádicamente a España, la última vez para asistir a la boda de su nieto, Alfonso XII.

Podemos asomarnos ya a la Corte de los Milagros de Valle Inclán: el reinado de Isabel II. Isabel tenía un carácter temperamental y apasionado, al mismo tiempo que mostraba una ardiente sensualidad probablemente heredada de su madre, lo que es generalmente aceptado como una de las indudables características de todos los integrantes de la Casa de Borbón en España (otra es su querencia por el dinero). Tampoco es que supiera dedicar el tiempo en actividades más trascendentes o elevadas ya que ni su madre ni los distintos espadones que la utilizaron tomaron mucho interés en mejorar su formación al creer que así sería más facilmente manejable; a los diez años Isabel resultaba atrasada, apenas si sabía leer con rapidez, la forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo, de la aritmética apenas sólo sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos, su ortografía pésima. Odiaba la lectura, sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por haber estado exclusivamente en manos de los camaristas ignoraba las reglas del buen comer, su comportamiento en la mesa era deplorable, y todas esas características, de algún modo, la acompañaron toda su vida, así es descrita. No mejoraron sus cualidades intelectuales con la edad pero, al parecer, las referidas bastaron para que fuera proclamada mayor de edad -reina era desde los 3-  con 14 años, en 1843. A partir de esa fecha se convierte en cuestión de Estado -como forma de desactivar la causa carlista- el matrimonio de Isabel II. Lo más eficiente hubiera sido su matrimonio con el hijo del pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemolín. Isabel II no aceptó -a instancias de la facción liberal- y ello dió origen a la segunda guerra carlista, con el conde de Montemolín como Carlos VI de pretendiente carlista al trono de España. El matrimonio de Isabel se convirtió en cuestión internacional, ya que distintos países maniobraban para que esa unión no desequilibrara el complejo sistemas de alianzas en la Europa de la época. Eso condujo a la solución neutra de buscar pretendiente dentro de España y el gobierno no encontró mejor alternativa que casar a Isabel con su primo Francisco de Asís de Borbón; Isabel contrajo matrimonio con él al cumplir 16 años. Francisco de Asís era notoriamente homosexual y por tanto el matrimonio fué meramente de apariencias: de los doce hijos que tuvieron oficialmente (siete muertos al poco de nacer) se cree con fundamento que Francisco de Asís no es padre de ninguno de ellos; por algo era la Corte de los milagros. Militares de variado rango -capitanes, coroneles, generales- nobles, cantantes y hasta un composior, Arrieta, fueron alternándose en el favor y subsiguiente paternidad de los hijos de Isabel II. Su séptimo hijo, bautizado como Alfonso Francisco de Asís Fernando Pío Juan María de la Concepción Gregorio Pelayo, el futuro Alfonso XII, era, con bastante probabilidad, hijo del capitán de ingenieros Enrique Puig Moltó; en aquella ocasión Isabel le preguntó a su médico, Tomás del Corral, si la criatura sería varón o hembra, y como éste acertó al predecir un varón, Isabel le nombró marqués del Real Acierto: campechanía borbónica.

Fernando VII (y también su padre, Carlos IV) habían puesto alto el listón en cuanto a incapacidad gobernante, especialmente dañina para un país en permanente recesión política y  económica desde el siglo XVI, pero su hija, Isabel II, puso todo su empeño en perpetuar -y, en lo posible, mejorar-  las  ya reconocidas como habilidades borbónicas. A partir de ella, la dinastía Borbón acumularía varias expulsiones de España -tres o cuatro, según si contabilizamos personas expulsadas o expulsiones- y, como broche, una huída -previendo la expulsión- la de Juan Carlos I.

Finalizó, pues, Isabel II su reinado con la primera expulsión real (segunda, si contabilizamos la de su madre) tras la revolución de 1868 (La Gloriosa); afortunadamente estaba en San Sebastián veraneando y fué más corto el trayecto hasta Francia, donde recibió el amparo de Napoleón III (los Napoleón siempre tan atentos con los Borbón). En 1870 abdicó en favor de su hijo Alfonso, que en 1874 volvió a España como rey Alfonso XII fruto de una sublevación militar contra la I República española, a cargo del general  Manuel Pavía, que entró al frente de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados, inaugurando así una tradición muy española. Con anterioridad a la República se había intentado la implantación de un verdadera monarquía constitucional bajo el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873), experimento que fué saboteado por unos y otros y Prim, el general liberal valedor del intento, asesinado.

Alfonso XII había proclamado (manifiesto de Sandhurst) ser un príncipe católico, español, constitucionalista, liberal y deseoso de servir a la nación. Parece que esos méritos autoatribuídos les parecieron suficientes a quienes integraban la facción monárquico-militar-restauracionista para promover de nuevo a un Borbón de 16 años al trono de España. Durante su reinado se aprobó la nueva Constitución de 1876 (en que se basó el sistema político de La Restauración) y durante ese mismo año finalizó la guerra carlista, dirigida por el pretendiente que por entonces era Carlos VII (Carlos de Borbón y Austria-Este), sobrino de Carlos VI, éste había acabado reconociendo a Isabel II como reina legítima de España. Alfonso XII murió de tuberculosis a los once años de reinado y 27 de edad; seguramente esa brevedad vital le procuró el mérito de ser el único Borbón que no ha finalizado sus días fuera de España desde Fernando VII. La inesperada muerte del rey en 1885,  provocó una crisis que llevó al Gobierno presidido por Sagasta a paralizar el proceso de sucesión a la Corona (Alfonso XII ya tenía dos hijas con su segunda esposa y dos hijos extramatrimoniales con la contralto Elena Sanz) a la espera de que la viuda del rey, María Cristina de Habsburgo-Lorena diese a luz, ya que se encontraba embarazada en aquel momento. Cuando el 17 de mayo de 1886 la reina regente dio a luz a un varón, bautizado como  Alfonso León Fernando María Santiago Isidro Pascual Antón, fue reconocido de inmediato como rey, siendo un caso único en la Historia.

Así pues, podría decirse que Alfonso XIII fué rey antes de nacer. Durante su reinado dió muestras de agotamiento el tramposo sistema político-caciquil conocido como La Restauración, impulsado originalmente por Cánovas (conservador) y Sagasta (liberal). Vino a dar la puntilla definitiva al sistema establecido el que el rey Alfonso XIII, fuera de los cauces constitucionales -en realidad, traicionando su juramento de lealtad a la Constitución- apoyara el golpe de Estado militar del general  Primo de Rivera en 1923, siguiendo los ejemplos fascistas de la Europa de entreguerras. Su intromisión en cuestiones políticas -su manipulación de voluntades se acabó conociendo como borboneo- y militares que ocasionaron desastres en Marruecos y la corrupción subyacente coadyudaron al desprestigio de la monarquía. Los partidos republicanos establecieron un frente común frente al monarca mediante el Pacto de San Sebastián, y en 1931, las elecciones municipales ganadas por éstos en las capitales de provincia más importantes y representativas fué el desancadenante para la proclamación de la II República española. Desde el mismo instante de la expulsión de España de Alfonso XIII, la facción monárquica, aliada con el gran capital, comenzaron a maquinar contra una República legalmente constituída. En 1932 -sólo un año después- se produjo el primer intento de sublevación militar contra la República a cargo del general Sanjurjo.

Alfonso XIII tuvo siete hijos con su esposa Victoria Eugenia de Battenberg y cinco -que se sepa- fuera del matrimonio. El primogénito, Alfonso, príncipe de Asturias nació hemofílico (enfermedad transmitida por su madre) y renunció a sus derechos al trono en 1933. Su segundo hijo Jaime quedó sordo a la edad de cuatro años, lo que ocasionó que su padre le presionara para que renunciara a sus derechos de sucesión, lo que hizo también en 1933, aunque luego quiso retractarse (a diferencia de Felipe V no pudo). El siguiente hijo varón vivo, Juan (Juan III in péctore), acabó siendo el sucesor dinástico tras la muerte de Alfonso XIII en 1941. La sublevación militar contra la II República Española  fué apoyada incialmente por Juan de Borbón, que corrió a alistarse en el bando sublevado a poco del comienzo de la guerra civil, creyendo que con ello haría méritos para recuperar el trono de España, mediante otra restauración. Franco tenía otros planes, y durante cuarenta años le dió largas -Juan, además, borboneaba torpemente con unos y con otros pensando que con ello podría desplazar a Franco, con el consiguiente recelo y animadversión de éste- y mantuvo hasta su muerte un país de monarquía sin monarca con su propia figura caudillista como regente virtual, preparando no una restauración sino una instauración y no la de Juan sino la de su hijo, Juan Carlos, que consideraba más maleable para una monarquía que velara por la pervivencia de su legado político, y preservara la España del Movimiento Nacional, católica, anticomunista y antiliberal. 

Llegamos así a la Transición del 78, conocida para muchos, y a la actual monarquía. Pero eso ya no son antecedentes, sino consecuentes.