Es conocido que la vigente ley electoral es poco equitativa en la traducción de votos a parlamentarios elegidos y que esa característica falta de proporcionalidad es intencionada, ya que con ello se perseguía supuestamente el beneficio de la estabilidad política al favorecer la formación de mayorías de gobierno, para abreviar, favorece un sistema bipartidista; sin embargo esa ley traduce también una de las principales contradicciones constitucionales que, por una parte, reconoce explícitamente en el artículo 14 la igualdad entre todos los españoles y, por otra parte, establece en el artículo 68 como circunscripción electoral la provincia y establece que a cada una de ellas ha de tener un número mínimo de diputados elegibles; una consecuencia directa de ésto último es que los votos necesarios para ser elegido diputado no son los mismos en cada provincia; por ejemplo, los votos necesarios para elegir a un diputado en Madrid, Barcelona o Valencia son entre tres y diez veces los necesarios para elegir un diputado en la provincia de Soria; otra consecuencia es que un importante porcentaje de votos no logra representación parlamentaria al no llegar al mínimo requerido en cada provincia para ello, lo que no ocurriría si se considerara toda España como circunscripción única, aún manteniendo el procedimiento vigente de asignación de escaños (método d'Hont); que sería una forma sencilla, justa y eficaz de promover una igualdad a la que se da categoría de derecho fundamental de todos los españoles en el artículo 14 de la Constitución.
Según este último procedimiento (existen alternativas), es evidente que la traducción de votos a escaños sería mucho más justa y equitativa; los principales beneficiarios del procedimiento vigente han sido y continúan siendo tanto los representantes tradicionales del bipartidismo (PP y PSOE) como los partidos nacionalistas, de fuerte implantación en algunas provincias (las correspondientes a las distintas nacionalidades). Y parece evidente que los beneficiarios de este sistema tal y como está establecido no sean muy partidarios de su reforma, por muy injusto y contrario a la democracia que los datos demuestran que es.
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