Se admite que la economía sumergida oscila en España entre el 20% y el 25%, casi el doble que la media europea, que es del 13%; esto significa que el Estado deja de ingresar 70.000 millones de euros anuales, también casi el doble que los recortes que propone -o propondrá- el PP para ajustar las cuentas del estado y llegar, mal que bien -más mal que bien- a cumplir el propuesto límite de déficit. ¿Cuales son las medidas que el PP ha tomado con carácter de urgencia para contener la hemorragia que supone tal nivel de fraude fiscal?, pues una muy significativa ha sido la de renovar la cúpula directiva de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nombrando a Pilar Valiente como número dos de este organismo con cargo de directora adjunta al jefe de la oficina, para el que se ha nombrado a Santiago Menéndez, que ya ocupó el cargo de director del departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria en la anterior etapa de Gobierno del PP.
Por si alguien no lo recuerda, Valiente fué presidenta hace diez años -y también bajo gobierno del PP- de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cargo del que se vio obligada a dimitir en septiembre de 2001 a causa de su actuación en el caso Gescartera; según recuerda Soledad Gallego-Díaz, una nota en la agenda de uno de los investigados de Gescartera decía: “Solo está Pilar Valiente, que avisa rápidamente”; o sea que ya sabemos el porqué de que el PP la haya elegido de nuevo para un puesto de responsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal: su rapidez en la notificación a los presuntos defraudadores.
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