Golpe de Estado

Creo que era el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando -sí, el experto en broncas- quien no hace mucho presumía de la democracia de éste país como una de las más homologadas; aunque no dijo que lista internacional comparativa  había consultado para realizar tal afirmación, ni cual el organismo encargado de semejante tarea homologadora; según el  Indice de Calidad Institucional, informe elaborado por el doctor Martin Krause y publicado en 2015, nuestro país hacía el número 30 en el mundo según ese índice; sólo dos años después ya estamos en el puesto 34 y es notorio que en Europa estamos en el pelotón de los torpes al respecto (siempre podemos esperar que los demás continúen empeorando como lo hacen ahora, quizá así subamos algún puesto: mal de muchos, consuelo de tontos). 

Y no es de extrañar la escasa  valoración democrática de  éste país a la vista de las muchas carencias recogidas en informes y estudios que señalan, concretamente referidos a nuestra actualidad política, el modo en que el PP entiende que es gobernar en democracia, basado fundamentalmente en manejar a su antojo todos los mecanismos represivos del Estado que considere necesarios, usando -y abusando- no sólo de los poderes ejecutivo y legislativo sino también del teóricamente independiente poder judicial. Para recordar actuaciones como las que actualmente están llevando a cabo la fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado en Cataluña me tendría que retrotraer unos cincuenta años y ni así lograríamos el necesario paralelismo en cuanto a la conculcación de derechos ciudadanos y a la consideración de éstos como súbditos; el tardofranquismo, pese a los sangrientos y puntuales arrebatos finales de un dictador que ya procuraba moverse lo mínimo para sostenerse, lo cierto es que si se seguía la máxima que el propio Franco parece que aconsejaba a sus ministros -usted, haga como yo y no se meta en política- nadie de esa época, salvo los pertenecientes a los entonces ilegales partidos políticos y sindicatos, puede recordar una violencia tal como la que actualmente se ejerce -y ahora a nivel general- sobre la ciudadanía. Así pues, habría que retroceder aún más, a tiempos que yo solo conozco por referencias históricas: a la convulsa y breve historia de la II República, especialmente a partir de 1934, durante el bienio negro: en éstos últimos cinco años hemos retrocedido más de ochenta.
Cuando ahora, los denominados -autodenominados, más bien- partidos constitucionalistas hablan de golpe de Estado por parte de quienes han  optado por una postura de insumisión y rebeldía ciudadana ante el ninguneo, inacción y finalmente la coacción del Estado, ¿no sería conveniente que recordaran, igualmente, que la sacrosanta Constitución se cambió de forma trascendente en una tarde -por acuerdo de los dos partidos mayoritarios (los constitucionalistas PP y PSOE)- posponiendo los intereses de la mayoría de los españoles a los intereses económicos de los mercardos, del gran capital y que, por otra parte, artículos fundamentales para el bienestar social -derecho a un trabajo y vivienda dignos, derechos de huelga y manifestación, etc.- explícitamente declarados en la Constitución llevan incumpliéndose prácticamente desde su misma promulgación?, ¿no es y ha sido la manipulación descarada y oportunista de nuestra primera Ley también un prolongado golpe de Estado por parte de esos mismos partidos constitucionalistas, que continúan centrándose en los artículos que consideran fundamentales -los relativos a la unidad territorial de España- ignorando otros, en general, todos los relativos a los derechos de los españoles?