La palabras -su uso, su significado- son siempre importantes y, a veces, decisivas. Un acto ilegal significa que con seguridad tendrá consecuencias jurídicas, un acto ilegítimo (aunque es cierto que legítimo también significa conforme a las leyes, es comunmente asimilado a lícito, aquello que es justo y permitido según justicia y razón; también es importante distinguir entre justo y legal) sólo será reprochable y tendrá, a lo sumo, conscuencias morales; son palabras que aún procediendo ambas de la palabra latina lex, legis (Ley) se diferencian por el importantísimo matiz mencionado.
La nulidad de una sentencia solo se puede adquirir si se declara al
tribunal como ilegal. Un tribunal ilegítimo es un tribunal legal y sus
sentencias, por tanto, también lo son. La cuestión es importante por
varios motivos. Por una parte, por nuestra propia dignidad. No queremos
reconocer la legalidad del franquismo. Por otro lado, es importante
porque abre la puerta de la justicia a muchas víctimas o familiares de
víctimas de la dictadura; declaraba Joan Tardá (ERC-Izquierda Republicana de Cataluña) ante la propuesta no de Ley (recordemos, sin efecto legal alguno) del PSOE para declarar nulas las sentencias represivas de los tribunales franquistas. Joan Tardá no pudo reprimir su rabia -él mismo ha llevado al Congreso propuestas en ése sentido en diversas ocasiones desde que se debatiera la Ley de Memoria Histórica en 2007 y después; el PSOE siempre votó en contra- y acusó a los socialistas de cínicos, hipócritas y oportunistas y lo cierto es que no le faltaban razones: sin nueva ley o modificación de las existentes -en concreto el Artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica- nunca se podrán declarar nulas e ilegales las mencionadas sentencias; ilegítimas ya lo son, según certifica el Ministerio de Justicia a quien haya solicitado la correspondiente Declaración de reparación y reconocimiento personal en virtud de lo expresado en el Artículo 4 de la mencionada Ley a consecuencia de sentencias dictadas sin las debidas garantías por ilegítimos Consejos de Guerra; lo cual, sólo acredita la reparación moral que contempla la Ley 52/2007. Ésto lo conocen perfectamente en el PSOE, por lo que, efectivamente, existe una evidente manipulación de las víctimas del franquismo y sus familiares -acompañado de buenas dosis de cinismo, hipocresía y oportunismo- pretendiendo hacerles creer que su propuesta tendría efectos jurídicos.
En ésto como en la mayoría de políticas concretas (podríamos recordar sus relaciones con la Iglesia, con el gran capital y las empresas, sus reformas laborales, su gestión de la reforma exprés de la Constitución en 2011, con el apoyo instantáneo del PP, etc.) el socialismo del PSOE es genuinamente de salón: de izquierdas en la oposición -a veces, como en éste caso, ni siquiera eso- y vergonzantemente de derechas en el gobierno.
Viendo la foto adjunta, comprobamos que la efigie de Besteiro sonríe, mirando para otro lado; en la pared, un cartel indicando la salida.
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