Ultimamente y casi a diario leo en las páginas de El País artículos de notables ex-políticos -Antonio Garrigues Walker (en colaboración con otras firmas de Transparencia Internacional), Joaquín Leguina y hoy Gregorio Peces Barba- analizando las causas de la corrupción y proponiendo medidas para atajarla. Todos ellos integran una serie ordenada de medidas -en uno de los casos hasta diez, como los Mandamientos de la Ley de Dios- que, una vez leídos, me parecen, en todos los casos, voluntaristas y hasta buenistas, pero muy poco realistas y practicables. Casi en general se proponen reformas encaminadas a corregir el descontrol de ciertos cargos públicos u organismos claves en el manejo de recursos, pero se obvia aludir a lo fundamental: la partitocracia en que ha venido a convertirse nuestra presunta democracia y que desde una "funcionarización" del "aparato" -personas que no sólo viven de la política, si no que fuera de ella difícilmente sobrevivirían- de los partidos se han autoconvertido en los administradores delegados de la voluntad popular y, sobre todo, en gestores/conseguidores de la financiación de su respectivo partido. Las herramientas para ello son conocidas: clientelismo político, trafico soterrado de influencias, trato demasiado próximo con empresarios, constructores, proveedores y beneficiarios de concesiones, así como la aceptación de patrocinios y donaciones que dan lugar a sobreentendidas contrapartidas desde el ámbito público. Campo abonado para que la corrupción nazca y prospere. Y eso no creo que cambie a iniciativa de los propios partidos que son sus principales beneficiarios.
No hay comentarios :
Publicar un comentario