Beatos y políticos

Según el diccionario, beatificar es la potestad del Papa para declarar que un difunto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto. Nada menos que 522 a la vez, ha presentado la iglesia católica española como producto -según afirma- de la persecución religiosa en la España del siglo XX, lo que convertiría a la II República española en una perseguidora furibunda de cristianos que superaría la suma de todas las persecuciones acaecidas en tiempos de los emperadores romanos que, comparativamente, produjeron menos beatos. La verdad histórica es muy distinta: la virtud fundamental de muchos de los actualmente beatificados fue su adscripción a políticas enfrentadas a un objetivo declarado de la República que fué la separación de la Iglesia y el Estado o, en su defecto, su pertenencia a una institución -la iglesia católica- que defendía públicamente esas políticas. Y, a más de setenta años de la muerte de Manuel Azaña, su visión de un estado laico que colocara a la iglesia católica estrictamente en el ámbito de la conciencia de cada uno, es decir, en la esfera privada y no en la pública, está tan distante de ser realidad como entonces, si no más; hoy estamos en ese aspecto más cerca de la España de Felipe II o de una teocracia islamista que de un país avanzado, democrático y abierto. Baste para corroborarlo la asistencia de representantes políticos -casi tan masiva como el número de beatificados y comenzando nada menos que por el ministro de Justicia- a la reciente ceremonia de beatificación. O el comentario de Jesús Posada, actual presidente del Congreso, que lo resume: "ha sido una celebración espléndida que reafirma nuestra fe”. ¿Nuestra?, ¿de quien?, ¿de los católicos o de todos los españoles, a quienes debe representar como responsable público?. Parece que el Nacionalcatolicismo pervive bajo formas democráticas.