Desde que yo recuerdo, todos los gobiernos de éste país en democracia han asegurado que combatirían el fraude fiscal del mismo modo que, por ejemplo, los de México han prometido reiteradamente acabar con los traficantes de drogas. Actualmente, la realidad evidencia que ambos negocios -el fraude fiscal en España y el tráfico de drogas en México- se perpetúan florecientes, y diversos estudios coinciden en acotar el fraude fiscal en nuestro país entre el 23% y el 25% del PIB, es decir, entre 230.000 y 250.000 millones de euros.
Ayer, el candidato a presidir el gobierno tuvo que ser interpelado por los grupos de izquierda para que manifestara -con parecidos entusiasmo y eficacia a con que las mises defienden la paz en el mundo- que sí, que él luchará contra el fraude fiscal. Seguro que en su libro tiene ya cuantificados los recortes -se nos dice que inevitables- en servicios sociales que le permitirán reducir el déficit en 16.500 millones de euros, pero ayer mismo, en su habitual formato evanescente, no se olvidó de prometer mayores beneficios fiscales aún para los mismos que se han quedado con los más de 200.000 millones de euros que no ha ingresado la hacienda pública.
Estando más que demostrado que de los recursos invertidos en la lucha contra el fraude fiscal se obtiene un beneficio del diez por uno (la Agencia Tributaria se financia con un 5% de su recaudación bruta) también está bastante claro que falta voluntad política para afrontar realmente el problema: un dato más que prueba quien controla los hilos del poder político.
Ayer, el candidato a presidir el gobierno tuvo que ser interpelado por los grupos de izquierda para que manifestara -con parecidos entusiasmo y eficacia a con que las mises defienden la paz en el mundo- que sí, que él luchará contra el fraude fiscal. Seguro que en su libro tiene ya cuantificados los recortes -se nos dice que inevitables- en servicios sociales que le permitirán reducir el déficit en 16.500 millones de euros, pero ayer mismo, en su habitual formato evanescente, no se olvidó de prometer mayores beneficios fiscales aún para los mismos que se han quedado con los más de 200.000 millones de euros que no ha ingresado la hacienda pública.
Estando más que demostrado que de los recursos invertidos en la lucha contra el fraude fiscal se obtiene un beneficio del diez por uno (la Agencia Tributaria se financia con un 5% de su recaudación bruta) también está bastante claro que falta voluntad política para afrontar realmente el problema: un dato más que prueba quien controla los hilos del poder político.
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