Hoy, en España hemos versionado la frase que resumía uno de los leitmotiv -en realidad, el leitmotiv- de Adolfo Suárez cuando decía aquello de vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal (hay frases, como hay canciones, que perduran no por lo buenas que sustancialmente sean, sino porque tienen el poder de rememorar y sintetizar una época); quiero decir que hoy sabemos oficialmente -mediante una sentencia judicial- que, efectivamente, el PP manejaba (desde 1989, al menos) una Caja B, dinero B, en definitiva, dinero negro; algo que a nivel de calle ya era conocido y asumido generalmente por todos -a excepción de la cúpula y de los portavoces del propio PP- como lo normal, pero que ha sido ha sido elevado mediante esta sentencia a la categoría política de verdad oficial y que, por tanto, se puede repetir donde sea oportuno sin ser acusado de difamación, ni tener que seguir soportando que desde el PP se continúe intentando colar a la ciudadanía aquello de que la trama Gürtel fué una conspiración contra el PP. Queda documentado y acreditado en la sentencia que en el PP, además de la contabilidad oficial -esa que el Tribunal de Cuentas encontraba siempre impoluta- existía en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local mediante el que se lucraban con fondos públicos y de forma indebida, fraudulenta e ilegal, tanto el PP como institución, como algunas personas con cargos de la máxima responsabilidad dentro de él.
El fallo incluye 28 delitos de prevaricación penados con 194 años de inhabilitación para los condenados (la mayoría de ellos que pertenecen o han pertenecido al PP) y además, se detallan y sancionan 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la Hacienda Pública, con un total de 165 penas (y esta sentencia trata sólo hechos acontencidos en la denominada primera época de Gürtel entre los años 1999 y 2005).
¿En que otro país democrático -y no añado ninguna otra restricción- un partido como el PP continuaría detentando la responsabilidad de gobernarlo?
Recuerdo que la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, permitiría dar comienzo a un proceso de ilegalización del PP, ya que el Articulo 10 prevé esa posibilidad cuando -entre otros supuestos también aplicables- un partido político incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal. Así como el propio Código Penal.
Recuerdo que la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, permitiría dar comienzo a un proceso de ilegalización del PP, ya que el Articulo 10 prevé esa posibilidad cuando -entre otros supuestos también aplicables- un partido político incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal. Así como el propio Código Penal.
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