La vida sigue, y pese a algún reproche -como si hubiera pisado sin excusarse a alguna señoría en el Congreso de los Diputados- el señor ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue terne, a lo suyo; ¿y qué es lo suyo? pues, resumiéndolo en dos frases que pueden leerse en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal -parece que ya se puede llamar así- que mediante decreto-ley impuso el gobierno del PP en 2012: la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el
deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos que injustamente contempla como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria,
incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica,
colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de
aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación. Ni más, ni menos, y ya es bastante: nadie en el PP ha pretendido -con lo atrevidos que son, a veces- contextualizar éstas afirmaciones, rotundas e inequívocas.; salvo el mismísimo Mariano Rajoy, que opina que son juicios de valor.
Ya digo, tras éstos reproches, la vida sigue...igual para el señor Cristóbal Montoro y para los españoles que ven, por ejemplo, como tras casi vaciar la caja de las pensiones en tan sólo cinco años, la Seguridad Social ha de solicitar un crédito de 10.000 millones para poder seguir pagando las pensiones; ¿y a quien se solicita ese crédito?: pues al Estado, (que para ésto sí seguimos siendo los mismos, casi todos) en línea con uno de los principios de la economía neoliberal -así la llaman- que consiste en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas; una vez que algunos españoles se han beneficiado, el resto -entre ellos los propios pensionistas- debe pagar las pensiones.
Y aún ha tenido tiempo el señor Montoro, después de vigilar a todos los españoles -a algunos, especialmente- desde la Agencia Tributaria, de fungir de lobbista a ratos libres, como sobresueldo. O de proponer que la amnistía fiscal de 2012 sea la última porque - en sus palabras- se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie. Se equivoca también, como cuando desde el PP comentaron la misma sentencia del Tribunal Constitucional; no creo que los evasores fiscales -fundamentalmente las grandes empresas y el gran capital- estén muy disgustados con éstos procesos. Al igual que Montoro con los reproches.