Estabilidad y gobernabilidad

En la la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros del pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría -se vé que ésta vez si llevaba el gorrito del PP, en anteriores ocasiones ha opinado que en esas ruedas de prensa tras el Consejo de ministros no debe realizar declaraciones partidarias- nos ha comunicado su opinión sobre el caso Gürtel; según ella se están enjuiciando hechos de hace bastantes años -los suficientes para que los delitos si existieron, hayan prescrito, parece sugerir- por lo que el contenido de las declaraciones de los procesados no debe inmiscuirse en la formación de un Gobierno para el futuro de los españoles. 

Esto es, desde luego, opinable y concretamente en mi caso, opino justo lo contrario: los españoles deberían sacar las oportunas conclusiones de esas declaraciones -aún antes de que exista sentencia en los juicios por corrupción- cotejándolas con el resto de numerosos indicios que apuntan a una corrupción sistémica para que ello influyera -si se dá el caso de que la ciudadanía pueda realmente opinar en el futuro- evitando la formación de un gobierno del que cabría esperar que estuviera más preocupado por los beneficios del gran capital y de grandes empresas que por el futuro de los españoles; porque todo apunta a que esas grandes empresas son parte integrante del problema de la corrupción que constituye, en sí, el propio sistema económico y productivo vigente, un sistema en el que corruptores y corruptos medran en agradable simbiosis a costa del resto de los españoles.

Estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darle gobernabilidad y creo que eso está por encima de los procesos que distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país, insistió la vicepresidenta en funciones. Y yo reitero: para la mayoría de los españoles no se trata de estabilizar la precariedad y el desempleo, no se trata de prolongar en el tiempo la acción de un gobierno que nos ha traído inmisericordes e injustos recortes en los servicios públicos; no se puede razonablemente ignorar una corrupción que ha tenido como efecto principal  detraer numerosos recursos de los fondos públicos -como si ello fuera irrelevante en base a la posible prescripción de los delitos- y que apunta directamente a un partido que pretende formar gobierno. La gobernabilidad en esas condiciones no es un bien en sí mismo ni algo deseable para los españoles, es una condena para todos nosotros.