Desde luego no es muy tranquilizador que -tal y como exponía Pere Boix ayer en la sección de Cartas al Director de El País- la Ley de Atención a la Dependencia haya recorrido tres departamentos ministeriales en menos de tres años. Pero peor es su grado real -y desigual- de aplicación a día de hoy.
A mi modo de ver, el problema de fondo de una Ley que pretende ser el cuarto pilar del Estado del bienestar es, justamente, la falta en éste país de verdaderas políticas de Estado. Entiendo que ciertos asuntos esenciales desde el punto de vista social y de la pervivencia y viabilidad de un verdadero Estado de Derecho (Seguridad, Justicia, Sanidad, Educación, Cultura, etc.) nunca deberían ser motivo de discrepancias y utilización desde el punto de vista político. Claro está que eso exige un consenso permanente -tanto en la gestación de las Leyes como en su dotación y aplicación- en estos aspectos esenciales que, claramente, no se da en éste país, donde hasta la política antiterrorista, por ejemplo, ha sido utilizada políticamente y donde los partidos políticos juegan habitualmente a la corta -ganar las siguientes elecciones- sin la obligada altura de miras en interés de la sociedad a la que supuestamente representan. Mientras eso continúe así, no debería sorprendernos que leyes consideradas básicas y en las cuales han de colaborar las distintas Administraciones del Estado -que tendrán uno u otro signo político- tengan aplicación desigual, dependiendo del grado de colaboración efectiva entre ellas.
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