Que como consecuencia de una estrategia instigada por el capitalismo total a la que convencionalmente se denomina crisis, la precariedad laboral haya venido para quedarse y constituir la forma de vida de un importante porcentaje de la población de éste país es una evidencia que, para su constatación, sólo requiere de una ligera inspección de los datos que ofrece el INE (Instituto Nacional de Estadística); datos constrastados, objetivos, oficiales; una fotografía instantánea de nuestra realidad social, en la que la cuarta parte de la población actual -trabajadores o desempleados- queda retratada como perteneciente a la nueva clase oficialmente pobre: el precariado.
La precariedad instigada consiste, esencialmente, en mantener a una persona sin recursos propios que le permitan una cierta independencia crítica y reflexionar sobre sus espectativas como ser humano a medio y largo plazo, de forma que sólo pueda responder a los estímulos de lo urgente: subsistir. En esa situación queda garantizada la existencia de una oferta permanente de mano de obra barata; a este capitalismo salvaje le son indiferentes las conclusiones de Stiglitz sobre los salarios de eficiencia que demostraban que una bajada permanente de salarios no garantizaría el pleno empleo; su pretensión es lograr, precisamente, que ésto no ocurra nunca, perpetuando la precariedad.
Y por si no fueran suficientes los datos y cifras oficiales que demuestran esta situación, siempre hay algún detalle que, en sí mismo, la resume: en Haibu 4.0 podemos explorar con todo lujo de detalles la nueva manera de vivir para esa creciente masa social que antes se denominaba lumpen: los pisos colmena; según esa empresa, garantizar un espacio de 3 metros cuadrados por 250 euros al mes es una iniciativa social; los empresarios siempre preocupados por el bienestar de la gente (si pagan por ello, naturalmente).
Aunque, en cuanto a la vivienda, quizá ya hayamos llegado a los límites de lo posible dentro de los presupuestos capitalistas para garantizar esa buscada precarización: considerando que las celdas en las prisiones españolas aseguran un mínimo de 11 metros cuadrados para dos personas, ya habrá quien, dentro de esa mano de obra semiesclava esté llegando a plantearse -si tuviera algún tiempo para reflexionar- si no sería más eficiente obtener de forma indirecta una renta social garantizada, cometiendo algún delito que implique pena de cárcel (con la subsistencia asegurada, sin tener que trabajar y sin tener que pagar por el hueco en la colmena: 5,5 metros cuadrados suponen más de 400 euros a precio de mercado).
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