
Por ello sorprende tanto que a raíz del reconocimiento por parte de Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) de haber pagado y/o cobrado en negro, dirigentes de los partidos dinásticos (PP y PSOE) se hayan rasgado las vestiduras respecto a que figuras políticas públicas admitan haber incurrido en esas actuaciones irregulares; que nada les he oído comentar a los mismos que ya llevan la ropa hecha jirones -metafóricos, naturalmente- sobre la situación de necesidad de aquellos que se ven obligados a trabajar en negro con lo que eso supone de inseguridad y precariedad incluso más allá de lo que permite la legislación laboral vigente; supongo que no creerán que lo hacen por deporte.
Y no será ocioso recordar, una vez más, que la gran bolsa de fraude fiscal en España no está en la economía sumergida -con todo y ser importante- si no en la que practican con todo lujo de asesorías, ayudas y posibilidades -legales e ilegales- las grandes empresas y las grandes fortunas: el gran capital, no el ciudadano de a pie (que para muchos, mantenerse en pie -desde el punto de vista económico- ya es todo un logro).
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