La fractura

A la inquietud producida por un dedo que me señalaba amenazante -cuando no agresor, como un florete- se unieron las palabras, esencialmente similares en su tono al rapapolvo de un padre a su hijo adolescente, insoportables tanto por el tono en sí -seguido de una buenista e inconcreta apelación a la convivencia demócratica- como porque la dirección del rapapolvo debería ser justo la contraria: el padre es la ciudadanía y el hijo arrogante y con poco seso está siendo representado por el gobierno  y el propio Jefe del Estado, Felipe VI, que no se sabe si dirigido por el PP o por voluntad propia, escenificó ayer una pobrísima y parcial representación de las capacidades de quien supuestamente es el Jefe de Estado de todos los españoles, incluidos los más de dos millones de catalanes que decidieron votar el pasado 1 de Octubre. 

Por resumir, el discurso del rey planteó la legalidad -una parte- como un bien supremo y expresó su convencimiento de que todos los españoles son -o deberían ser- buenos en éste sentido y los que no son así, es que no son españoles y por ello castigados no a su expulsión de España, si no precisamente, castigados a vivir en ella; su expresión del firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, en ambos casos es, ya digo, parcial: el incumplimiento de muchos de los artículos esenciales de la Constitución que no tratan de la unidad de España es ya histórico, y la democracia está igualmente restringida en éste país por leyes y mecanismos que vacían el contenido de la propia democracia: una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales; su afirmación en el discurso de que nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos me recuerda mucho aquello de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Si los hechos que han venido sucediéndose hasta ahora en Cataluña han producido una sensible fractura social -no sólo en Cataluña- reconocida al inicio del propio discurso -hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada- creo que el resto del propio discurso  no ha hecho más que profundizar y aumentar esa fractura, cuando es sabido que  el tratamiento de una fractura comienza siempre por su reducción.

La Segunda Restauración

Siento -poco, es cierto- no estar de acuerdo con quienes aseguran, como Churchill -al que se le atribuyen innumerables frases, muchas de las cuales no son suyas- que si a los veinte años no eres de izquierdas es que no tienes corazón pero si a los cuarenta no eres de derechas es que no tienes cerebro, tampoco lo estoy con la más matizada de Willy Brandt: Quien de joven no es comunista, es que no tiene corazón. Quien de viejo es comunista, es que no tiene cabeza; quizá sea que ante la perspectiva de una vida larga que la probabilidad estadística me ofrece, no me sienta capacitado para seguir esa completa y normal evolución política; quizá sea, más bien, que la simple experiencia de la vida haya hecho que no sólo mi corazón sino mi cabeza me orienten ahora justo en el sentido contrario: creo que lo razonable es considerar que la desigualdad social a que abocan tanto el conservadurismo como el capitalismo, revestidos ambos de neoliberalismo, es fundamentalmente injusta, y no sólo eso, también es contraria a la evolución y progreso de la humanidad en su conjunto.

Quizá también sea debido a que pertenezco a una generación que vivió en este país el cambio de régimen político poco después de la mayoría de edad (que por entonces era a los 21 años), una generación a la que se nos vendió la milagrosa Transición, ese proceso mediante el cual los que hasta entonces sostenían una dictadura se transformaron -y nos transformaron- en demócratas de la noche a la mañana; con Constitución y todo: demasiado bueno para ser cierto, claro. En realidad, se trataba de cambiarlo todo para que todo siguiera igual, como en El Gatopardo; una versión 2.0 -con un siglo exacto de distancia- de la Restauración, todo basado en un sistema con dos partidos supuestamente contrarios que se alternaran para sostener y perpetuar un tinglado político con apariencia de democracia que se ha mantenido -como la Restauración- unos cuarenta y cinco años (tiempo que parece establecido, casi normativamente, para que todos nos acabemos dando cuenta de la trampa). Si seguimos repitiendo secularmente la historia, sobre 2031 deberíamos tener una República. Y si en éste tiempo hemos aprendido todos algo, esperemos que esa III República tenga mejor vida que las anteriores.

Golpe de Estado

Creo que era el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando -sí, el experto en broncas- quien no hace mucho presumía de la democracia de éste país como una de las más homologadas; aunque no dijo que lista internacional comparativa  había consultado para realizar tal afirmación, ni cual el organismo encargado de semejante tarea homologadora; según el  Indice de Calidad Institucional, informe elaborado por el doctor Martin Krause y publicado en 2015, nuestro país hacía el número 30 en el mundo según ese índice; sólo dos años después ya estamos en el puesto 34 y es notorio que en Europa estamos en el pelotón de los torpes al respecto (siempre podemos esperar que los demás continúen empeorando como lo hacen ahora, quizá así subamos algún puesto: mal de muchos, consuelo de tontos). 

Y no es de extrañar la escasa  valoración democrática de  éste país a la vista de las muchas carencias recogidas en informes y estudios que señalan, concretamente referidos a nuestra actualidad política, el modo en que el PP entiende que es gobernar en democracia, basado fundamentalmente en manejar a su antojo todos los mecanismos represivos del Estado que considere necesarios, usando -y abusando- no sólo de los poderes ejecutivo y legislativo sino también del teóricamente independiente poder judicial. Para recordar actuaciones como las que actualmente están llevando a cabo la fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado en Cataluña me tendría que retrotraer unos cincuenta años y ni así lograríamos el necesario paralelismo en cuanto a la conculcación de derechos ciudadanos y a la consideración de éstos como súbditos; el tardofranquismo, pese a los sangrientos y puntuales arrebatos finales de un dictador que ya procuraba moverse lo mínimo para sostenerse, lo cierto es que si se seguía la máxima que el propio Franco parece que aconsejaba a sus ministros -usted, haga como yo y no se meta en política- nadie de esa época, salvo los pertenecientes a los entonces ilegales partidos políticos y sindicatos, puede recordar una violencia tal como la que actualmente se ejerce -y ahora a nivel general- sobre la ciudadanía. Así pues, habría que retroceder aún más, a tiempos que yo solo conozco por referencias históricas: a la convulsa y breve historia de la II República, especialmente a partir de 1934, durante el bienio negro: en éstos últimos cinco años hemos retrocedido más de ochenta.
Cuando ahora, los denominados -autodenominados, más bien- partidos constitucionalistas hablan de golpe de Estado por parte de quienes han  optado por una postura de insumisión y rebeldía ciudadana ante el ninguneo, inacción y finalmente la coacción del Estado, ¿no sería conveniente que recordaran, igualmente, que la sacrosanta Constitución se cambió de forma trascendente en una tarde -por acuerdo de los dos partidos mayoritarios (los constitucionalistas PP y PSOE)- posponiendo los intereses de la mayoría de los españoles a los intereses económicos de los mercardos, del gran capital y que, por otra parte, artículos fundamentales para el bienestar social -derecho a un trabajo y vivienda dignos, derechos de huelga y manifestación, etc.- explícitamente declarados en la Constitución llevan incumpliéndose prácticamente desde su misma promulgación?, ¿no es y ha sido la manipulación descarada y oportunista de nuestra primera Ley también un prolongado golpe de Estado por parte de esos mismos partidos constitucionalistas, que continúan centrándose en los artículos que consideran fundamentales -los relativos a la unidad territorial de España- ignorando otros, en general, todos los relativos a los derechos de los españoles?

Ni sólida, ni sana, ni social.

Las cifras son tozudas y demuestran que la anunciada -a bombo y platillo, no hace ni un mes- recuperación sólida sana y social  por la ministra de Empleo y Seguridad Social, para empezar no es, no puede ser, social. Así es, la brecha social continúa abriéndose y profundizándose: en los últimos cuatro años se han creado 58.000 nuevos ricos a la vez que 1.400.000 pobres; ésto es, casi 25 nuevos pobres por cada nuevo rico: con menos pobres parece que no podría hacerse un rico. Otra forma de entenderlo es constatar que el 0,4% de la población  del país (menos de 200.000 personas) acumula el 50% del PIB (la fortuna de sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.100 millones de euros y la de una de ellas es de 66.000 millones de euros) a la vez que existen 5.400.00 personas que ingresan menos de 6.000 euros anuales; según Intermon Oxfam  si se continúan aplicando las mismas políticas económicas que en los últimos tiempos, para 2022 casi el 40% de la población española estará en riesgo de exclusión social: 2 de cada 5 españoles serán pobres.

Informes de la OCDE ya señalaban que los hogares más desfavorecidos son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos durante la crisis, que el salario de los más ricos es 18 veces superior al del 10 % más pobre -entre 2007 y 2014 el salario medio español, ese que el ministro de Hacienda aseguraba que crecía moderadamente, se desplomó un 22,2 %- y reconocía que la última reforma fiscal de que entró en vigor en España en Enero de 2015 es una herramienta para garantizar privilegios a unos pocos, lo que ha dado como resultado que España siga teniendo una de las presiones fiscales más bajas de toda Europa y donde, por ejemplo, 17 de las 35 empresas del IBEX 35 no paga el impuesto de sociedades en España y donde la inversión en paraísos fiscales creció un 2000% sólo en 2015.
En definitiva: ni sólida, ni sana (un país con una perspectiva general de empleo precario, trabajadores pobres, licenciados emigrantes y parados abandonados a su suerte no puede ser ni sólido ni sano) ni, desde luego, social. A ver si la ministra de Empleo nos sorprende con algún nuevo eufemismo; las mentiras son demasiado evidentes.

Ilegal, además de ilegítimo

La palabras -su uso, su significado- son siempre importantes y, a veces, decisivas. Un acto ilegal significa que con seguridad tendrá consecuencias jurídicas, un acto ilegítimo (aunque es cierto que legítimo también significa conforme a las leyes, es comunmente asimilado a lícito, aquello que es justo y permitido según justicia y razón; también es importante distinguir entre justo y legal) sólo será reprochable y tendrá, a lo sumo, conscuencias morales; son palabras que aún procediendo ambas de la palabra latina lex, legis (Ley) se diferencian por el importantísimo matiz mencionado.

La nulidad de una sentencia solo se puede adquirir si se declara al tribunal como ilegal. Un tribunal ilegítimo es un tribunal legal y sus sentencias, por tanto, también lo son. La cuestión es importante por varios motivos. Por una parte, por nuestra propia dignidad. No queremos reconocer la legalidad del franquismo. Por otro lado, es importante porque abre la puerta de la justicia a muchas víctimas o familiares de víctimas de la dictadura; declaraba Joan Tardá (ERC-Izquierda Republicana de Cataluña) ante la propuesta no de Ley (recordemos, sin efecto legal alguno) del PSOE para declarar nulas las sentencias represivas de los tribunales franquistas. Joan Tardá no pudo reprimir su rabia  -él mismo ha llevado al Congreso propuestas en ése sentido en diversas ocasiones desde que se debatiera la Ley de Memoria Histórica en 2007 y después; el PSOE siempre votó en contra- y acusó a los socialistas de cínicos, hipócritas y oportunistas y lo cierto es que no le faltaban razones: sin nueva ley o modificación de las existentes -en concreto el Artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica- nunca se podrán declarar nulas e ilegales las mencionadas sentencias; ilegítimas ya lo son, según certifica el Ministerio de Justicia a quien haya solicitado la correspondiente Declaración de reparación y reconocimiento personal en virtud de lo expresado en el Artículo 4 de la mencionada Ley a consecuencia de sentencias dictadas sin las debidas garantías por ilegítimos Consejos de Guerra; lo cual, sólo acredita la reparación moral que contempla la Ley 52/2007. Ésto lo conocen perfectamente en el PSOE, por lo que, efectivamente, existe una evidente manipulación de las víctimas del franquismo y sus familiares -acompañado de buenas dosis de cinismo, hipocresía y oportunismo-  pretendiendo hacerles creer que su propuesta tendría efectos jurídicos. 

En ésto como en la mayoría de políticas concretas (podríamos recordar sus relaciones con la Iglesia, con el gran capital y las empresas, sus reformas laborales, su gestión de la reforma exprés de la Constitución en 2011, con el apoyo instantáneo del PP, etc.) el socialismo del PSOE es genuinamente de salón: de izquierdas en la oposición -a veces, como en éste caso, ni siquiera eso- y vergonzantemente de derechas en el gobierno.

Viendo la foto adjunta, comprobamos que la efigie de Besteiro sonríe, mirando para otro lado; en la pared, un cartel indicando la salida.