Poder y deber, de nuevo.

Poder y deber son dos verbos, dos palabras, cuyo significado confundimos de forma habitual; nos referimos a algo indebido -moral o legalmente- como algo que no se puede hacer, cuando en realidad, comprobamos a diario que poder sí se puede: los ladrones pueden seguir robando, muchos políticos pueden seguir mintiendo, etc.. Y que tras haber podido, tengan que responder ante la justicia -la legal, específicamente-  de lo indebido de sus actos, dependerá de muchos factores, el principal, su status (su poder fáctico y económico); eso si hablamos de la justicia que debería inspirar todas las leyes para preservar el bien común, pero que, en muchas ocasiones, resultan estar orientadas mucho más a la defensa de intereses privados y minoritarios  que a la defensa del interés público.

En todo caso, cuando el presidente del gobierno, con su habitual elocuencia, asegura que las pensiones subirán lo que podamos, pero no pueden subir lo que no podamos, está de nuevo confundiendo los verbos -de forma intencionada ésta vez, seguramente- ya que lo que debería decir es que las pensiones subirán lo que debamos, no deben subir lo que no debamos, porque eso es, exactamente, lo que se desprende de nuestro ordenamiento jurídico, comenzando en la mismísima Constitución. Por más que el poder, en éste caso, depende exclusivamente de una voluntad política que prioriza la asignación de recursos a la banca y al gran capital antes que destinarla a los servicios públicos: Sanidad, Educación, pensiones.

Es decir, la decisión de no subir las pensiones de acuerdo a lo que sube el IPC -al menos- no se debe a que no se pueda, si no a que no se quiere o, por decirlo de otro modo, porque quien puede, decide privar de esos recursos debidos a los pensionistas destinándolos, en cambio, a financiar intereses privados. Y afirmar públicamente que no podemos -pluralizando, para más inri- no es más que una burla añadida a la injusticia y al agravio. Podemos, pero no debemos consentirlo.