Aquellas garantías constitucionales

De los siete padres de la Constitución Española de 1978 quedan tres vivos; casi normal en unos padres cuya hija va a cumplir 38 años y siendo así que alguno de ellos ya era talludito cuando fué padre.  Como la mayoría de los padres, imagino que querrían lo mejor para sus hijos, así, cuando redactaron y pusieron en nuestra boca: La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Y no sólo eso, tan amplio e inconcreto, sino que en una serie de artículos incluídos en el Capítulo 2º (Derechos y libertades) se nos garantizaba, con carácter previo, que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, para luego, concretamente, garantizar a todos los españoles lo siguiente: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto; ninguna confesión tendrá carácter estatal; se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa; que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión; que todos (los españoles) tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza; que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo; que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios; que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia; que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho; que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran; que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

¿Qué?, ¿que no es bonito?; ya sólo queda cumplirlo, porque pocas de esas garantías han pasado del papel a la calle tras 38 años, edad en la que actualmente muchos españoles echan en falta todas y cada una de esas garantías (incluída la última que, a la vista del incumplimiento de las anteriores, no esperan llegar a disfrutar nunca), aunque todas ellas vinculan a todos los poderes públicos en garantía de su cumplimiento, según reconoce expresamente la propia Constitución. 

Sí, yo también me lo pregunto: ¿qué celebramos en España?