Tribunales

En su artículo en El País -La Constitución, sin intérprete- Bonifacio de la Cuadra se plantea posibles alternativas que desbloqueen el Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional (TC). Para empezar, ya resulta inconveniente que la Constitución necesite intérprete -tal y como las distintas iglesias nos explican a Dios- pareciendo que la Constitución estuviera escrita en algún idioma ignoto o que sólo la pudieran interpretar personas con abundantes conocimientos histórico-jurídicos. Si así fuera, aún se entiende menos que una las chinas con que tropiezan hace tiempo en el TC sea el significado de ciertas palabras consideradas esenciales o trascendentales como, por ejemplo, el término nación. Seguro que una o varias de las acepciones que figuran para esta palabra y para nacionalidad en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sirven, sin más, para resolver un problema sobrevenido e irresuelto hace años por el TC. Pero, si realmente la semántica o la polisemia fueran el problema, convendría adoptar, en primer lugar, la solución apuntada recientemente por Santiago Carrillo, esto es, la disolución del Tribunal Constitucional -que parece lo más sensato ante un organismo que crea más problemas que los que resuelve- y, en segundo lugar, proceder a la creación de un Tribunal del Significado de las Grandes Palabras.