Hace 80 años

Las Cortes de Aragón han aprobado por unaminidad  una resolución en la que esa cámara condena de manera explícita el golpe de Estado y el régimen de dictadura militar de Franco. El grupo parlamentario del PP en las Cortes aragonesas, aunque intentó quitar peso a la resolución con varias enmiendas proponiendo ampliar la condena a todo tipo de violencia y represión política en los años previos a la guerra, intentó minimizar los desafueros del franquismo recordando el  período más próspero de la historia de España, y también acusó, de paso, a la izquierda de seguir alimentando el frentismo, finalmente votó la resolución condenatoria con éste texto:

Las Cortes de Aragón acuerdan:

-Condenar el golpe de Estado que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en España y el régimen de dictadura militar que se constituyó posteriormente.

-Instar al Gobierno de Aragón a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de Derecho, así como con las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la aprobación de una ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes.

-Reclamar al Gobierno de Aragón a que prosiga con los actos que se consideren más adecuados tendentes a profundizar en la investigación, reconocimiento y difusión del denominado "Estatuto de Caspe" de 1936, en la línea de lo que se ha comenzado a realizar este año, conmemorando, con sendos actos, su 80 aniversario, tanto el pasado 23 de abril de 2016 como el 6 de junio de este mismo año.

-Solicitar al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de cuantas actuaciones se consideren necesarias para valorar, difundir, dignificar y reconocer el "papel institucional" del denominado "Consejo de Aragón", así como incluirlo entre los contenidos educativos aragoneses".

- Rechazar cualquier tipo de actuación que pretenda ahondar en los enfrentamientos entre aragoneses”.

En la Asamblea de Madrid, sin embargo, ha sido imposible -fundamentalmente por la oposición del PP- lograr un acuerdo y resolución semejantes a los alcanzados por las Cortes de Aragón. Según portavoces del PP en la Asamblea de Madrid la temática sobrepasa las funciones de la Asamblea de Madrid y no tenían clara la finalidad de la misma. Igualmente han manifestado que el Partido Popular rechaza todo tipo de violencia, pero que no creen necesario que la Asamblea de Madrid se pronuncie al respecto.  Los portavoces de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, por su parte, manifiestan que ya han condenado el régimen franquista en numerosas ocasiones y consideran que es una obsesión de Podemos traer a la Cámara esta Declaración porque quieren hablar permanentemente del pasado. El texto de la propuesta presentada por Podemos con motivo de cumplirse 80 años del golpe de Estado militar que inició la guerra civil, expresaba el reconocimiento a todas aquellas personas que  sufrieron la represión, que murieron exiliadas lejos de su tierra y de sus seres queridos, o que fueron encarceladas o perseguidas, y expresaba igualmente compromiso por continuar afirmando la defensa de los derechos humanos y la denuncia de cualquier vulneración de los mismos.

¿No son el PP y Ciudadanos dos partidos que se dicen a sí mismos -y a diario- constitucionalistas y que proclaman ser defensores de la igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones? ¿Tiene la Comunidad Autónoma de Aragón distintas funciones, facultades y competencias que la de Madrid?

 

Manifiestamente mejorables

La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal García, practicando el mejor pestañeo de sus tiempos de Miss Feria de Albacete, se ha propuesto seducir al PSOE  y ha declarado que su partido está dispuesto a mejorar la reforma laboral implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de conseguir un acuerdo con el PSOE que permita desbloquear la actual situación política y llegar a alguna de las versiones -de más grande a tamaño medio o mini- de la Gran Coalición. Ahora bien, la pregunta clave sería: ¿entienden como mejora lo mismo en el PSOE que en el PP?; yo supongo que, al menos teóricamente, eso no puede ser, pero, por si las dudas, la propia Cospedal finiquitea y aclara que para lograr el deseo ferviente del PP de que haya una legislatura fructífera (¿para quién?), estarían dispuestos a modificar todas las medidas que en virtud de su mayoría absoluta el PP ha decretado durante los pasados cuatro años, en aquellos aspectos que sean mejorables. Ya, ¿y cuales son esos aspectos mejorables?...y así hasta el infinito, o más allá.

En todo caso, ha insistido en que hoy está todo abierto (que me lo quitan de las manoooos...) aunque también ha confirmado que ningún partido ha contestado aún (¡increíble!) al documento remitido este miércoles por el PP a todos los partidos políticos, pero que cuando alguien esté interesado en negociar sobre el mismo, el PP se sentará a hablar inmediatamente. ¡Vamos, vamos!, que Mariano Rajoy quiere gobernar a la mayor celeridad (e irse de vacaciones en Agosto).

La edad

Los politólogos lo suelen remarcar cada vez que analizan los datos de una encuesta: más que confrontar números que siempre han de ser ponderados, contrastados y contextualizados, lo importante de las encuestas es que permiten deducir  tendencias.

Pero ya sean los datos aislados o tendencias deducidas, muchas de las recientes encuestas con motivo de las pasadas elecciones generales indican que el bipartidismo, si no ha muerto, al menos está muy envejecido: los votantes del PP y del PSOE son los electores de mayor edad media (57 años los del PP y 55 años los del PSOE, por 43 años para los de Unidos Podemos), también son los que cuentan con más jubilados o pensionistas (40% en el PP y 36% en el PSOE), así como los que menos estudiantes tienen entre sus potenciales votantes (en ambos casos, menos de un 6 %).

Está por ver -y para ello seguramente no sirvan las encuestas- como afrontarán y asumirán PP y PSOE el declive que implica la fase final de su ciclo existencial como partidos políticos -en paralelo a la edad de sus votantes- si optarán por prolongar una vejez que implica sobrellevar el incremento constante de los achaques propios de la edad, o más bién se decidirán por una eutanasia liberadora. Aunque, por lo visto hasta ahora, en el PP parece que se han instalado en la fase de negación del cáncer lento que supone la corrupción sistémica dentro de su partido y en el PSOE parecen ser víctimas de una enfermedad neurodegenerativa de lento desarrollo  -más de cuarenta años- que implica una pérdida de memoria generalizada. La edad no perdona, pero morir suele ser difícil.

Valores constitucionales

En el PP se han tomado la molestia de elaborar un documento con el supuesto propósito de convencer de las bondades de su proyecto de gobierno para España; en realidad es un documento tan vacuo que ni siquiera Ciudadanos, el partido político más próximo al PP, ha visto la necesidad de considerarlo mencionable ni, mucho menos, relevante en uno u otro sentido.

La primera frase de la Introducción de ese documento dice: Los españoles han expresado en las urnas que desean un Gobierno para España basado en el respeto de los valores constitucionales; lo cual, por muy rotundo y/o grandilocuente que suene es, directamente, falso: no se votaba la Constitución, sino listas de partidos políticos cuyo primer candidato tendría el encargo, caso de reunir los apoyos (escaños) parlamentarios suficientes de formar el gobierno del Estado. Tampoco los españoles se han pronunciado por su opción política predilecta, como se menciona a continuación, sino que cada uno de ellos ha votado lo que ha creído conveniente, y el resultado de ello es que en las dos últimas elecciones generales, el PP ha sido el partido que más votos ha obtenido. Y punto. 

Que muchos de los votantes -incluídos los que votaron al PP- desearan y deseen que fueran ciertos los principios expresados en la Constitución, tales como los que se recogen en los artículos del 14 al 38 (Capítulo Segundo - Derechos y libertades) sobre el derecho de todos los españoles a la igualdad ante la ley y a la tutela efectiva de los jueces, a la educación y a la cultura, a la libertad ideológica y de expresión, al trabajo, a la protección de la salud y a que la salud pública sea tutelada por el Estado través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona, a la suficiencia económica durante la tercera edad, a ser defendidos como consumidores y usuarios, a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, a la obtención de la adecuada ayuda si se es disminuído físico, a la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural, a que los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia...todo ello, incluído el derecho a que cualquier ciudadano recabe el derecho a la tutela de los derechos reconocidos en el el artículo 14 y la Sección primera del capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (Artículo 53 -2), todo ello, digo, ya se votó en 1978. ¿Va a ser el gobierno que en el PP tienen intención de proponer el primero en respetar esos valores constitucionales que se votaron hace ya casi cuarenta años?

El proceso

Después de seis meses entre las elecciones del 20-D y las del 26-J y de quince días tras éstas últimas, sin que nos quitemos de encima la sensación de que estamos asistiendo diariamente al día de la marmota, parece que las fuerzas políticas con representación parlamentaria han llegado a una  solución de desbloqueo que permita evitar unas terceras elecciones, una catástrofe -vamos peorando- , según Susana Díaz. La solución consiste en facilitar la investidura de Rajoy al frente de un gobierno del PP en minoría repartiendo la abstención entre varios partidos de forma que ello sea posible; ...sí, yo también he tenido que leerlo varias veces para asegurarme que lo había entendido bien.

Parece que el que más a afinado la idea ha sido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta: En política lo que hay que respetar son las etapas del proceso. La primera es que Rajoy ha de intentarlo y, si no lo consigue, corresponderá al PSOE hablar con el resto de fuerzas y hacer una propuesta, de investidura o de otro tipo, que podrían ser, por ejemplo, acordar la abstención de diversos grupos, pactar una agenda legislativa o volver a hablar con Rajoy.

Consideraba hasta ahora a Iceta como uno de los dirigentes políticos más sensatos -que tampoco es mucho mérito, considerando el nivel medio- pero a la vista de éstas declaraciones me tengo que plantear, o bien elevar el nivel de exigencia, o bien, prudentemente esperar a que el señor Iceta acabe de concretar sus propuestas, comprobar si éstas han de ser consideradas de forma individual -como alternativas distintas, sucesivas y/o excluyentes- o en un paquete conjunto; quiero decir, si la primera etapa sería un vergonzante acuerdo repartiendo las abstenciones entre grupos políticos -en función de su peso supongo, pero siempre por el bien de España- y más tarde se pactaría un conjunto de medidas legislativas para finalmente esperar del presidente del PP que acepte el resultado, o bien habría que abordar el paquete completo desde el principio; o sea, que no entiendo bien como se estructurarían las etapas del proceso -no sé si kafkiano o simplemente chapucero- aunque lo que sí parece claro es que, al final, habría que hablar, de nuevo, con Rajoy, que, a esas alturas supongo que estaría agotado y con la vista cansada de leerse hasta la letra pequeña del Marca, esperando el fin del proceso. Y metiendo prisa, que ya se sabe que quiere un gobierno a la mayor celeridad.

En todo caso lo que sí me gustaría trasladar al señor Iceta es la idea -quizá un poco ingenua- de que en política, antes que las etapas de cualquier proceso, lo primero que hay que respetar es al votante; ¿o cree el señor Iceta que cuando cualquier español votaba una de las opciones políticas tenía en mente que algunos de los representantes parlamentarios así elegidos deberían ausentarse de ciertas votaciones con el fin de evitar la manifestación de su incapacidad conjunta para resolver la situación política derivada de las elecciones?.