Reveladora rebelión

Con independencia de la posible respuesta de Fernando Delgado a la puntualización de Esperanza Aguirre hoy, en la Sección de Cartas al Director, y aunque en la misma he leído la carta de José María Clemente -Esperanza, la rebelde- me gustaría, también, puntualizar algo. Como la señora Aguirre recurre al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) para explicar su "rebelión", he hecho lo propio. La primera acepción del verbo rebelar dice: sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida. La segunda es, efectivamente, oponer resistencia. Si buscamos rebelión encontramos como primera acepción acción y efecto de rebelarse y como segunda delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos. Mas allá del diccionario y de lo anecdótico, yendo al fondo del asunto, parece que convendría recordar a la señora Aguirre que ella, como presidenta de la Comunidad de Madrid, es parte de ese Estado contra el que pretende rebelarse -en cualquiera de sus acepciones- y hacer que nos rebelemos, lo que en cualquier país, incluidos los de régimen democrático constituiría, y constituye por su parte, un inaudito acto de deslealtad institucional y por la nuestra -si la hiciéramos caso- al menos de sedición (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión, según DRAE, para que no tenga que buscarlo). Así pues, si ella personalmente no estuviera dispuesta a acatar las normas y leyes del Estado en que está integrado actualmente su cargo por no estar de acuerdo con ellas, lo primero que debería hacer sería dimitir y, ya como política o simple ciudadana, oponer toda la resistencia que estimara necesaria ante cualquier política estatal. Ese sería el procedimiento, y no el de encandilar al personal, mediante burdas demagogias, pretendiendo auparse a lideresa del PP.

Delitos y pecados

En la decidida política de la Iglesia católica de mantener su secular inmovilismo -supongo que a causa del estatismo e inmutabilidad divinos- bajo una apariencia de preocupación por los problemas del mundo, en 2008, el cardenal Gianfranco Girotti, regente del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, presentó una nueva lista de pecados capitales, también denominados pecados sociales; todos ellos reconocibles y cercanos, tales como contaminar el medio ambiente, enriquecerse hasta límites obscenos a expensas del bien común, o causar pobreza a un semejante. Al parecer, los antiguos pecados capitales, que tenían ya más de 1.500 años, a duras penas llegaban a pecado en el mundo actual. Va a ser por eso, que el primero de ellos, la lujuria, le parezca disculpable o menor a la jerarquía católica, incluso cuando haya producido entre ministros de la Iglesia católica -urbi et orbi- una larga serie de casos de pedofilia. Habría que aclarar, sin embargo, que si bien la pedofilia -efebofilia, en su lenguaje- pudiera no ser ya pecado, continúa constituyendo un delito. Y que, aquí y ahora, delito y pecado ya no es lo mismo. Amén.

Medicamentos genéricos

Dado que el reciente Pacto por la Sanidad ha sido puesto como ejemplo de consenso anticrisis entre fuerzas políticas y las distintas administraciones públicas, puede que sea conveniente analizar su esquema y contenido. Del documento "Acciones y medida para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" publicado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que puede consultarse en la página web del Ministerio de Sanidad (http://www.msps.es), aproximadamente las dos terceras partes corresponden a la repetición del propio título -ya de por sí largo- mediante variaciones y en ese lenguaje tan propio de políticos y diplomáticos cuando tienen intención de parecer que dicen, diciendo lo menos posible. Así transcurren 14 de las 21 páginas del documento, cantando las excelencias de un SNS, que para que siga siendo excelente, necesita de la colaboración de todos: profesionales, usuarios, empresas suministradoras, fuerzas políticas etc., guiados todos por oportunas "hojas de ruta" y "Planes Estratégicos", evitando que nadie corra el riesgo de perderse. Así se llega al último tercio del documento, es decir, el de la concrección de las Grandes Palabras en una serie de medidas. Pues bien, además de los consabidos "se estudiará", "se desarrollará", "se establecerá", "se promoverá"  la única cifra concreta -alguien me enseñó que todo lo que no se puede medir pertenece a la metafísica- que he podido encontrar en éste apartado es la de los 1.500 millones de euros de ahorro en la factura farmacéutica mediante -entre otras- "una rebaja de precios de medicamentos genéricos". Convendría recordar, al respecto, que el  precio medio del medicamento genérico ya es, actualmente, un 40% más barato que su equivalente de marca, por lo que la política adecuada no parece que debiera basarse en reducir el margen de beneficio de los productores de medicamentos genéricos -inferior, evidentemente, al de los grandes laboratorios- si no en lograr que la cuota de mercado del medicamento genérico se elevara a entre un 30% y un 35% como en los países de nuestro entorno, ya que actualmente es inferior al 10%. Otra cosa es que Farmaindustria, con cuyo representante se ha reunido recientemente la Ministra de Sanidad, aceptara el consiguiente recorte de beneficios.

Iura fori

En tiempos pretéritos -muy pretéritos- los cristianos y la Iglesia que los regía vivían con la ley romana (Ecclesia vivit lege romana). Posteriormente, cuando el Imperio Romano fué reconvertido en  Imperio Cristiano, la jerarquía eclesial comenzó a imponer sus propios criterios -sobre todo en materia de moral sexual- cuando éstos entraban en colisión con la legislación civil imperante, hasta terminar por reconvertir -también- el derecho romano en derecho canónico. Esta situación se prolongó, en este país, hasta hace bien poco: la Ley de Principios del Movimiento Nacional, vigente hasta 1976 decía en su artículo dos: "La nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la Iglesia católica, apostólica y romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación". Y, hasta el Concilio Vaticano II, en un mundo en el que habían transcurrido casi dos siglos desde la Revolución Francesa, la Iglesia Católica consideraba al Papa como "autoridad universal y omnicompetente". Es lógico que una institución tan inmovilista en términos históricos y tan absolutista en términos morales como la Iglesias católica intente perpetuar esa fusión -que no confusión- entre el poder civil y el religioso -al modo en que se impone la implantación de la sharia en países islámicos- esa equiparación entre pecado y delito, esa confusión -aquí sí- de lo público y lo privado, esa teoría de "principios prepolíticos" tan cara al cardenal Rouco. Vamos a ver si somos capaces de hacer prevalecer -para asuntos del mundo- el derecho del mundo (iura fori) sobre el derecho del cielo (iura caeli), volviendo a la situación original que permite una religiosidad más auténtica y, sobre todo, que resulta más justa para todos: ateos, agnósticos y creyentes.

Ni excusarse

Tras la bronca en el Parlamento Valenciano, el vicepresidente de esa comunidad, el señor Cotino, ha pedido disculpas a la diputada Mónica Oltra, de la que había dicho que desconocía a su padre -una forma casposa y propia de "señoritos" de tildar a alguien de hijo(a) de puta- en los siguientes términos: "pido la palabra para pedir excusas y perdón a la diputada Oltra por las palabra que pude decir ayer y que pudieran ser ofensivas". No, señor Cotino, puede no, las dijo, y efectivamente eran ofensivas, como es evidente y usted recuerda. No se trató de ninguna de una posibilidad, si no de un hecho, en ambos casos. Puesto que la diputada Oltra -seguramente dolida, pero con más elegancia que usted- ya le ha aceptado sus excusas, le propongo para futuras ocasiones -que creo fácil que se produzcan- la siguiente fórmula que, en todo caso, es más corta e inequívoca: "pido perdón al diputado/a X por las palabras ofensivas e impropias que le dirigí". Y, si le parece, puede hasta suprimir lo de impropias, dependiendo del respeto que le inspire a usted su cargo.