Solidaridad y expropiación

Es generalmente aceptado que el lenguaje es algo vivo y que, en consecuencia, las palabras cambian de significado en el transcurso del tiempo. Pero, además, están las modas y los malos usos de ciertas palabras que, repentinamente, resultan sobadas y manoseadas, hasta perderlo. Solidaridad es una de ellas. En su triste discurso anunciador y justificativo de las radicales medidas económicas a cargo de pensionistas, dependientes y funcionarios, el señor presidente del gobierno apeló a la solidaridad de estos colectivos con el país y su déficit. Solidaridad es, en la primera acepción del diccionario, una adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Repárese en lo de adhesión, que para serlo realmente, supone voluntad libre e individual. La segunda acepción de la palabra solidaridad es propia del derecho y aún más restrictiva: modo de derecho u obligación in sólidum; lo cual tiene más que ver con obligaciones de deudores y derechos de acreedores. Que yo sepa, ningún pensionista, dependiente o funcionario firmó nunca ninguna obligación con el Estado reconociéndose ante éste deudor si el déficit de las cuentas del Estado iba peor de lo previsto. Naturalmente, el Estado tiene, en caso de perentoria necesidad, el derecho y el recurso a la expropiación, que es privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes. Esta vez, la indemnización será moral -el placer de sentirse solidario, aunque sea a la fuerza- y lo de utilidad pública e interés social, nos lo creeremos, también por solidaridad.

¿Distopía?

Esta crisis que comenzó siendo financiera, que luego fue económica, es muy probable que ahora se transforme en crisis social; sí, parece que vamos llegando a la tercera fase, aunque sea ella la que nos ha encontrado a nosotros. Pero que nadie se preocupe ante evolución de las subsiguientes fases: el guión ya está escrito. Quienes rigen ese sistema llamado capitalismo, lo tienen todo previsto. Parecería que uno de los resultados inmediatos de esta crisis mundial sería una recesión sin precedentes, un colapso de la sociedad de consumo y, en definitiva, el fin del propio capitalismo. Pero no: resulta que uno de los supuestos objetivos del capitalismo en las circunstancias actuales -imposible ya el crecimiento continuo por falta material de recursos- es, precisamente, el crecimiento cero. El crecimiento cero destruirá los vestigios de prosperidad -que inevitablemente genera progreso- y dividirá a la sociedad definitivamente en propietarios y esclavos. Para ello se sucederán previsiblemente crisis artificiales que mantendrán a la población en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emocional, confundiéndola y desmoralizándola para evitar que decida su propio destino, dando lugar a una gran apatía a escala masiva. A estos efectos será utilísimo el actual proceso de degradación sistemática de la educación y la cultura que conseguirá, sin duda, un individuo perfectamente aborregado y sumiso. La juventud de hoy ignora mayoritariamente la Historia, la larga lucha por las libertades individuales y el significado del mismo concepto de libertad; para los capitalistas globalizadores es mucho más fácil manejar individuos sin principios. En fin, que está todo pensado.

Ladrillo reducido a polvo

Parece claro que, como país, hemos vivido una larga temporada por encima de nuestras posibilidades. Tras la llegada de la democracia mediante una "exitosa" transición política y nuestra incorporación a Europa, recibimos de ésta fondos que además de ayudar a mejorar nuestras infraestructuras, debieron ser invertidos con más visión de futuro de cara a afrontar ciclos económicos adversos, esto es, a mejorar la productividad y competitividad de nuestra endeble estructura industrial, complementando y diversificando nuestra tradicional fuente de ingresos basada en el turismo y los servicios generados en su entorno. Ello, a su vez, implicaba decididas políticas de estado en dos direcciones decisivas: adecuar y mejorar la educación -baza fundamental para mejorar la competitividad- y el establecimiento de alternativas a nuestra dependencia energética. En vez de ello, bajo el síndrome del tonto exitoso y herederos de la cultura del "pelotazo" -propia de un país históricamente hambriento- dedicamos los recursos del país y los ahorros de sus habitantes -con la inconsciencia y la prepotencia de nuevos ricos- a engordar una burbuja inmobiliaria que suponía pan para hoy -y para algunos- y hambre para mañana, creyendo que en eso consistía el crecimiento económico. Perdimos la ocasión de hacer las cosas mejor; ahora nos tocará pagar la factura. Y, seguramente, no a los responsables de la actual situación, como siempre.

Imaginemos

Sería un error, según el editorial de El País de hoy que los sindicatos de este país convocaran una huelga por las medidas económicas que el gobierno ejecutará próximamente contra  funcionarios, pensionistas y dependientes: parece que no es conveniente enfadar más al dios mercado, no sea que. Se argumenta que como el coste de la recesión lo han pagado hasta ahora los más de dos millones de parados, es lógico que, a continuación, vayan por la misma senda los funcionarios -que hay muchos y arden bien en la hoguera- tildando de fantásticas las afirmaciones del gobierno de que no tocaría nunca los gastos sociales.
También debe ser una fantasía imaginar un país en el que la factura de la crisis la estuvieran pagando los que la provocaron -bancos, grandes fortunas, inversores, financieros con abultadas carteras en SICAV, etc.- gracias a las medidas de un gobierno socialista no sólo de nombre. ¿Aconsejaría en ese caso El País Imaginario a todos estos grandes manejadores de capital que se mantuvieran tranquilos, fueran sensatos, que no "evacuaran" su capital a paraísos fiscales, que fueran solidarios?. La imaginación es de las pocas cosas que nunca nadie pudo recortar.

Tribunales

En su artículo en El País -La Constitución, sin intérprete- Bonifacio de la Cuadra se plantea posibles alternativas que desbloqueen el Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional (TC). Para empezar, ya resulta inconveniente que la Constitución necesite intérprete -tal y como las distintas iglesias nos explican a Dios- pareciendo que la Constitución estuviera escrita en algún idioma ignoto o que sólo la pudieran interpretar personas con abundantes conocimientos histórico-jurídicos. Si así fuera, aún se entiende menos que una las chinas con que tropiezan hace tiempo en el TC sea el significado de ciertas palabras consideradas esenciales o trascendentales como, por ejemplo, el término nación. Seguro que una o varias de las acepciones que figuran para esta palabra y para nacionalidad en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sirven, sin más, para resolver un problema sobrevenido e irresuelto hace años por el TC. Pero, si realmente la semántica o la polisemia fueran el problema, convendría adoptar, en primer lugar, la solución apuntada recientemente por Santiago Carrillo, esto es, la disolución del Tribunal Constitucional -que parece lo más sensato ante un organismo que crea más problemas que los que resuelve- y, en segundo lugar, proceder a la creación de un Tribunal del Significado de las Grandes Palabras.

Equidad electoral y corrupción

Víctor Lapuente expresa en El País -La paradoja de la corrupción- su convicción de que en nuestro país aunamos dos características en nuestro sistemas electoral que hace que los casos corrupción no tengan la correspondiente repercusión en pérdida de poder político de los partidos implicados: listas cerradas y escasa proporcionalidad. Hace unos días, también en El País, José Ignacio Wert -Sistema electoral, entre equidad y eficacia- defendía dejar nuestro sistema electoral tal y como está, ya que una posible -yo diría que cierta- mejora en la equidad representativa empeoraría su eficacia. Lógicamente, el señor Wert asimilaba eficacia a la "creación de gobiernos mayoritarios de cualquiera de los dos partidos centrales", es decir, uno de los dos pilares de la corrupción, para el señor Lapuente.

Existe un documento de 2009, elaborado por el Grupo de Investigación en Métodos Electorales (GIME) de la Universidad de Granada, que dirige el matemático Victoriano Ramírez, en cuya cubierta puede leerse: Un sistema electoral ecuánime para el Congreso de los Diputados. Conforme a las recomendaciones del Consejo de Estado. No requiere cambiar la Constitución. Con ese sistema y aplicado a los resultados de las últimas elecciones, el PSOE pasaría de 169 a 171 escaños (de 66.801 a 66.019 votos por escaño), el PP de 154 a 141 escaños (de 66.740 a 72.894 votos por escaño), IU de 2 a 12 escaños (de 484.973 a 80.829 votos por escaño), UPyD de 1 a 4 escaños (de 306.079 a 76.520 votos por escaño), el PNV pasaría de 6 a 4 escaños(de 51.021 a 76.532 votos por escaño) y tanto CiU, como ERC, BNG, CC y NaBai quedarían con el mismo número de escaños. Está claro que más equitativo este sistema sí es. Y no meramente teórico; elaborado hace veinte años, se utiliza en las elecciones de algunos cantones suizos. Pese a ello, Ramírez no se hace ilusiones: "los dos grandes están cómodos con el sistema actual, no lo cambiarán si no hay presión mediática o una crisis electoral". 

 http://elpais.com/diario/2010/05/04/opinion/1272924012_850215.html
 http://elpais.com/diario/2010/04/20/opinion/1271714412_850215.html