Las
reformas del Código Penal que parece que pretende aprobar el gobierno
del PP incluyen el establecimiento de penas de prisión de tres meses a
un año por la distribución o difusión pública, a través de cualquier
medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de
los delitos relativos a la alteración del orden público. También se
prevén penas igualmente graves, para ese tipo de delitos cuando se
lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa. Igualmente se
prevén penas de entre 6 y 18 meses de cárcel para delitos de hurto,
aunque lo sustraído tenga una cuantía inferior a 400 euros, el límite
establecido actualmente para ese tipo de delitos.
Teniendo
en cuenta la cantidad de responsables de entidades financieras a las que han hundido con su mala gestión, siendo castigados por ello con retiros millonarios o nuevos y suculentos cargos en otras, de ladrones de guante blanco que en éste país
continúan disfrutando impunemente de lo robado y también que este gobierno ha
evitado por todos los medios posibles, investigar delitos no prescritos
-por ser de lesa humanidad y continuados, como ha tenido que recordar la ONU- consistentes en el secuestro y asesinato de
miles de españoles que, a día de hoy, permanecen enterrados en cunetas y
fosas comunes, debemos concluir que para salir indemnes actualmente de
cualquier delito hay que delinquir -robar o matar- a lo grande, nada de
miserias. Vamos, como ha sido siempre -éste gobierno más que conservador o tradicional es tradicionalista- y, en definitiva, como dios manda, salvo que el papa actual nos informe de lo contrario.
