Economía sumergida y fraude fiscal suelen equipararse o al menos mencionarse simultáneamente. Por ello creo que conviene precisar que aunque puedan ir juntas no son lo mismo: el 76% del fraude fiscal en esta país proviene de grandes corporaciones -incluyendo las de la gran banca- y grandes empresas y el resto, el 24%, sería atribuíble a lo que todos identificamos como economía sumergida, es decir, a los empleos no declarados y que se retribuyen "en negro" y a los profesionales autónomos que ofrecen fraudulentamente sus servicios "sin IVA" como herramienta de competitividad en una economía deprimida; es decir los primeros recurren al "vuelo" a paraísos fiscales y los segundos son los que recurren a la "inmersión". No quiere decir ello que esto último no sea fraude y por ello perseguible, pero puesto el Estado en la tesitura de maximizar el esfuerzo de la lucha contra el fraude fiscal para intentar situarlo -al menos ésto- a niveles europeos, está claro que debería intentar, en primer lugar, dirigir sus esfuerzos hacia donde se haya identificada la gran bolsa de fraude antes que al fontanero que no cobra el IVA por cambiarnos un grifo. Ya que no por justicia, al menos por interés.
http://elpais.com/elpais/2012/10/31/opinion/1351713750_081868.html
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