Asimetría

Existe una notable asimetría -asumida por todos- en la valoración de lo que es exigible en el comportamiento de un cargo público según a cual de la dos Españas pertenezca. Parece que es más exigible a los representantes de la izquierda el cumplimiento estricto de los principios éticos que a los de la derecha (creo que todos nos entendemos mejor en estos términos, por mucho que a la derecha le guste repetir que ya no existen izquierdas ni derechas), parece más natural que los representantes de la derecha metan el cazo en las aguas públicas, puesto que siempre han sido suyas, a que lo hagan los representantes de los históricamente sedientos. Parece, igualmente, que la Iglesia católica puede expresar opiniones de escaso rigor racional basadas en su confesionalidad pero mostradas como de indudable aplicación genérica a la sociedad civil -que incluye a profesos de otras religiones, agnósticos y ateos- y todos hemos de conformarnos sin replicar, pero aludir al sinsentido de las mismas resulta ser persecución de la religión católica. O poner en cuestión sus prebendas históricas, lo mismo que acoso estatal. A cuenta de los trajes -y de "lo suyo" con El Bigotes- de Francisco Camps y de la doble vara de medir del PP en lo tocante a asuntos de corrupción, ya he visto recordado el caso de Pilar Miró. Me gustaría recordar otro. En el año 1986, el procurador autonómico de Alianza Popular, José María Aznar, que ya se postulaba como aspirante a competir por la presidencia de la Junta de Castilla y León, lanzó un reto o ultimatum -al estilo de los que perfeccionó más tarde- al que era entonces presidente de la Junta de Castilla y León: Le doy 24 horas para dimitir. Efectivamente, Demetrio Madrid dimitió de su cargo el 26 de octubre de 1986. Los cargos que justificaban tan perentoria exigencia: una demanda laboral de los trabajadores de una pequeña empresa textil de la que Demetrio Madrid ya no era propietario, por habérsela vendido con anterioridad a un antiguo empleado suyo. En 1989, Demetrio Madrid resultó absuelto de los cargos que se le imputaban con todos los pronunciamiento favorables. Para entonces Aznar iba camino de la vicepresidencia del PP, después de haber ocupado la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Vergüenza ajena (o alipori)

Creo que todos hemos pronunciado frases de la que más tarde nos hemos arrepentido. Todos nos equivocamos. Todos hemos hecho el ridículo más espantoso alguna vez, con y sin justificación posible. Y también comprendo que de los políticos, oficio en el que la prudencia en las manifestaciones debido al ejercicio de un cargo público se ve a menudo superada por la necesidad de hablar casi de continuo, no todo lo que digan merezca ser esculpido en piedra. Casi nada, para ser exactos. Pero leyendo la supuesta transcripción de las conversaciones grabadas con permiso judicial entre Francisco Camps y Alvaro Pérez -alias "El Bigotes"- y publicadas ayer, he sentido un repentino y brutal ataque de vergüenza ajena. Después de ñoñadas del estilo amiguito del alma, te quiero, ¿muchos años?, no, toda tu vida, etc., que parecen pertenecer a ese tipo de diálogos tontorrones entre enamorados, para remate, hay una frase que dirige Camps al señor Pérez -y no al contrario- que me ha dejado anonadado: Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito. Sin palabras. Sea lo que sea "lo suyo".

La relatividad de los principios

Obama ha ordenado publicar los informes de la CIA relativos al uso habitual de torturas durante el mandato Bush, dejando bien claro, a continuación, que eso no supondrá ninguna responsabilidad achacable a los que las aplicaron como herramienta habitual de trabajo, ya que esos agentes fueron cumplidores estrictos de la legislación vigente, es decir, que actuaban respetando el principio de obediencia debida. Con este mismo criterio, ¿que responsabilidad cabe exigir a los alemanes pertenecientes a las SS y guardianes de los campos de concentración en la Alemania nazi respecto a las vícitimas del Holocausto?. En éste caso, la mayoría de los más altos responsables políticos alemanes resultaron ajusticiados como resultado de los juicios de Nüremberg. ¿Se juzgará ahora a Bush, Rumsfeld, etc.?

Las preguntas previas -retóricas, claro- deberían incluirse como test en casos de estudio de una materia del Derecho que urge actualizar: la relatividad de los principios. Ya lo dijo Marx (Groucho): "estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros".

Bipartidismo y democracia

Señalaba ayer Carlos M. Bru, en la sección de Cartas al Director de El País, la injusticia de un sistema electoral que impide a las fuerzas progresistas unir sus fuerzas (léase diputados) de cara a establecer políticas decididamente enfrentadas al capitalismo especulativo que ha generado la crisis actual. Efectivamente, otro sería el panorama político nacional si la que continúa siendo la tercera fuerza política -en votos- tuviera en el el Congreso de los Diputados 14 representantes (si se considerara a España una circunscripción electoral única) en vez de los 2 que en realidad tiene.
El sistema electoral vigente, que favorece claramente el bipartidismo, pudo tener justificación hace treinta años, cuando era necesaria cierta estabilidad política para abordar cambios urgentes, pero hace ya tiempo que, superada esa necesidad, padecemos el efecto contrario: una inmovilidad democrática casi absoluta. El PSOE manifestó después las elecciones generales en 2008 que abriría un "periodo de reflexión" sobre la posible reforma de ley electoral. Creo que después de más de un año, nadie conoce las conclusiones de esas hipotéticas reflexiones.Y las leyes Orgánicas -como es la ley de régimen electoral general- quedan excluidas de las propuestas a iniciativa popular, basadas en el aval de 500.000 firmas, una de las pocas posibilidades que las leyes de este país conceden al ciudadano para ejercitar una democracia más próxima y verdadera.

Políticas de Estado

Desde luego no es muy tranquilizador que -tal y como exponía Pere Boix ayer en la sección de Cartas al Director de El País- la Ley de Atención a la Dependencia haya recorrido tres departamentos ministeriales en menos de tres años. Pero peor es su grado real -y desigual- de aplicación a día de hoy.

A mi modo de ver, el problema de fondo de una Ley que pretende ser el cuarto pilar del Estado del bienestar es, justamente, la falta en éste país de verdaderas políticas de Estado. Entiendo que ciertos asuntos esenciales desde el punto de vista social y de la pervivencia y viabilidad de un verdadero Estado de Derecho (Seguridad, Justicia, Sanidad, Educación, Cultura, etc.) nunca deberían ser motivo de discrepancias y utilización desde el punto de vista político. Claro está que eso exige un consenso permanente -tanto en la gestación de las Leyes como en su dotación y aplicación- en estos aspectos esenciales que, claramente, no se da en éste país, donde hasta la política antiterrorista, por ejemplo, ha sido utilizada políticamente y donde los partidos políticos juegan habitualmente a la corta -ganar las siguientes elecciones- sin la obligada altura de miras en interés de la sociedad a la que supuestamente representan. Mientras eso continúe así, no debería sorprendernos que leyes consideradas básicas y en las cuales han de colaborar las distintas Administraciones del Estado -que tendrán uno u otro signo político- tengan aplicación desigual, dependiendo del grado de colaboración efectiva entre ellas.