Asimetría

Existe una notable asimetría -asumida por todos- en la valoración de lo que es exigible en el comportamiento de un cargo público según a cual de la dos Españas pertenezca. Parece que es más exigible a los representantes de la izquierda el cumplimiento estricto de los principios éticos que a los de la derecha (creo que todos nos entendemos mejor en estos términos, por mucho que a la derecha le guste repetir que ya no existen izquierdas ni derechas), parece más natural que los representantes de la derecha metan el cazo en las aguas públicas, puesto que siempre han sido suyas, a que lo hagan los representantes de los históricamente sedientos. Parece, igualmente, que la Iglesia católica puede expresar opiniones de escaso rigor racional basadas en su confesionalidad pero mostradas como de indudable aplicación genérica a la sociedad civil -que incluye a profesos de otras religiones, agnósticos y ateos- y todos hemos de conformarnos sin replicar, pero aludir al sinsentido de las mismas resulta ser persecución de la religión católica. O poner en cuestión sus prebendas históricas, lo mismo que acoso estatal. A cuenta de los trajes -y de "lo suyo" con El Bigotes- de Francisco Camps y de la doble vara de medir del PP en lo tocante a asuntos de corrupción, ya he visto recordado el caso de Pilar Miró. Me gustaría recordar otro. En el año 1986, el procurador autonómico de Alianza Popular, José María Aznar, que ya se postulaba como aspirante a competir por la presidencia de la Junta de Castilla y León, lanzó un reto o ultimatum -al estilo de los que perfeccionó más tarde- al que era entonces presidente de la Junta de Castilla y León: Le doy 24 horas para dimitir. Efectivamente, Demetrio Madrid dimitió de su cargo el 26 de octubre de 1986. Los cargos que justificaban tan perentoria exigencia: una demanda laboral de los trabajadores de una pequeña empresa textil de la que Demetrio Madrid ya no era propietario, por habérsela vendido con anterioridad a un antiguo empleado suyo. En 1989, Demetrio Madrid resultó absuelto de los cargos que se le imputaban con todos los pronunciamiento favorables. Para entonces Aznar iba camino de la vicepresidencia del PP, después de haber ocupado la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Vergüenza ajena (o alipori)

Creo que todos hemos pronunciado frases de la que más tarde nos hemos arrepentido. Todos nos equivocamos. Todos hemos hecho el ridículo más espantoso alguna vez, con y sin justificación posible. Y también comprendo que de los políticos, oficio en el que la prudencia en las manifestaciones debido al ejercicio de un cargo público se ve a menudo superada por la necesidad de hablar casi de continuo, no todo lo que digan merezca ser esculpido en piedra. Casi nada, para ser exactos. Pero leyendo la supuesta transcripción de las conversaciones grabadas con permiso judicial entre Francisco Camps y Alvaro Pérez -alias "El Bigotes"- y publicadas ayer, he sentido un repentino y brutal ataque de vergüenza ajena. Después de ñoñadas del estilo amiguito del alma, te quiero, ¿muchos años?, no, toda tu vida, etc., que parecen pertenecer a ese tipo de diálogos tontorrones entre enamorados, para remate, hay una frase que dirige Camps al señor Pérez -y no al contrario- que me ha dejado anonadado: Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito. Sin palabras. Sea lo que sea "lo suyo".

La relatividad de los principios

Obama ha ordenado publicar los informes de la CIA relativos al uso habitual de torturas durante el mandato Bush, dejando bien claro, a continuación, que eso no supondrá ninguna responsabilidad achacable a los que las aplicaron como herramienta habitual de trabajo, ya que esos agentes fueron cumplidores estrictos de la legislación vigente, es decir, que actuaban respetando el principio de obediencia debida. Con este mismo criterio, ¿que responsabilidad cabe exigir a los alemanes pertenecientes a las SS y guardianes de los campos de concentración en la Alemania nazi respecto a las vícitimas del Holocausto?. En éste caso, la mayoría de los más altos responsables políticos alemanes resultaron ajusticiados como resultado de los juicios de Nüremberg. ¿Se juzgará ahora a Bush, Rumsfeld, etc.?

Las preguntas previas -retóricas, claro- deberían incluirse como test en casos de estudio de una materia del Derecho que urge actualizar: la relatividad de los principios. Ya lo dijo Marx (Groucho): "estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros".

Bipartidismo y democracia

Señalaba ayer Carlos M. Bru, en la sección de Cartas al Director de El País, la injusticia de un sistema electoral que impide a las fuerzas progresistas unir sus fuerzas (léase diputados) de cara a establecer políticas decididamente enfrentadas al capitalismo especulativo que ha generado la crisis actual. Efectivamente, otro sería el panorama político nacional si la que continúa siendo la tercera fuerza política -en votos- tuviera en el el Congreso de los Diputados 14 representantes (si se considerara a España una circunscripción electoral única) en vez de los 2 que en realidad tiene.
El sistema electoral vigente, que favorece claramente el bipartidismo, pudo tener justificación hace treinta años, cuando era necesaria cierta estabilidad política para abordar cambios urgentes, pero hace ya tiempo que, superada esa necesidad, padecemos el efecto contrario: una inmovilidad democrática casi absoluta. El PSOE manifestó después las elecciones generales en 2008 que abriría un "periodo de reflexión" sobre la posible reforma de ley electoral. Creo que después de más de un año, nadie conoce las conclusiones de esas hipotéticas reflexiones.Y las leyes Orgánicas -como es la ley de régimen electoral general- quedan excluidas de las propuestas a iniciativa popular, basadas en el aval de 500.000 firmas, una de las pocas posibilidades que las leyes de este país conceden al ciudadano para ejercitar una democracia más próxima y verdadera.

Políticas de Estado

Desde luego no es muy tranquilizador que -tal y como exponía Pere Boix ayer en la sección de Cartas al Director de El País- la Ley de Atención a la Dependencia haya recorrido tres departamentos ministeriales en menos de tres años. Pero peor es su grado real -y desigual- de aplicación a día de hoy.

A mi modo de ver, el problema de fondo de una Ley que pretende ser el cuarto pilar del Estado del bienestar es, justamente, la falta en éste país de verdaderas políticas de Estado. Entiendo que ciertos asuntos esenciales desde el punto de vista social y de la pervivencia y viabilidad de un verdadero Estado de Derecho (Seguridad, Justicia, Sanidad, Educación, Cultura, etc.) nunca deberían ser motivo de discrepancias y utilización desde el punto de vista político. Claro está que eso exige un consenso permanente -tanto en la gestación de las Leyes como en su dotación y aplicación- en estos aspectos esenciales que, claramente, no se da en éste país, donde hasta la política antiterrorista, por ejemplo, ha sido utilizada políticamente y donde los partidos políticos juegan habitualmente a la corta -ganar las siguientes elecciones- sin la obligada altura de miras en interés de la sociedad a la que supuestamente representan. Mientras eso continúe así, no debería sorprendernos que leyes consideradas básicas y en las cuales han de colaborar las distintas Administraciones del Estado -que tendrán uno u otro signo político- tengan aplicación desigual, dependiendo del grado de colaboración efectiva entre ellas.

Mas liberalismo

Situado en el centro geométrico exacto entre la socialdemocracia y el liberalismo furibundo, el señor Lassalle nos lanza -desde la tribuna de El País- una más de sus píldoras neoliberales intentando demostrar que el liberalismo no tiene la culpa de esta crisis, es más, que aplicando más liberalismo -del bueno y centrado como el suyo, claro- saldríamos antes de ella. La utilización de argumentos y antecedentes apoyados en una larga lista de virtuosos liberales resulta -como Juan M. Seoane señalaba ayer acertadamente en la sección de Cartas al Director de El País- cuando menos parcial. Según él la mano invisible de Adam Smith no tiene nada que ver con las prácticas de los robaperas tipo Madoff, y todo se debe a una campaña de descalificación promovida por un contubernio de posmarxistas nostágicos y socialdemócratas. Supongo que el laissez faire, laissez passer que presuponía -ya en el siglo XVIII- un mercado sin nigún tipo de regulación y la aplicación de la ley de la oferta y la demanda en todos los ámbitos sociales tampoco tiene nada que ver con el liberalismo ni con la burguesía basada en sus principios. Y atribuir al liberalismo como exitosas experiencias las salidas de la crisis del 29 y de los años 70 puede, a las alturas que nos encontramos, tener una lectura mucho más crítica, de sendas huídas hacia delante con las cuales y con sus respectivas políticas de crecimiento económico ilimitado hemos llegado al límite práctico de los recursos de nuestro planeta. Ya no hay sitio por delante para nuevas huídas, han de establecerse nuevos y más racionales principios económicos y estructurales. Por donde usted propone ya pasamos, señor Lassalle. Y por eso estamos donde estamos.

Delitos y pecados

Estando básicamente de acuerdo con lo expuesto ayer por Fernando Savater ayer en El País (Abortos y otras malformaciones), no puedo dejar de estar en desacuerdo con su conclusión final: creo que en una sociedad laica las leyes no están para distinguir -ni eficazmente ni de ninguna otra forma- entre delitos y pecados, si no para distinguir entre lo legal o lo ilegal, entre lo que es delito y lo que no lo es. Delitos y pecados podrán coincidir, o no, dependiendo de las normas de conducta individual derivadas de creencias religiosas o morales, pero eso no incumbe a las leyes, que son de obligado cumplimiento para todos, ateos, agnósticos o creyentes. Eso es lo que yo creo que distingue a un Estado laico de un Estado teocrático, por ejemplo, de aquellos países donde la Sharia es, a la vez que cuerpo de derecho islámico, Ley civil. O como fué este país durante mucho tiempo, donde las herejías eran delito de Estado y viceversa. Y los lemas a favor o en contra de la existencia de Dios en autobuses no tienen nada que ver con todo esto, salvo que confirman que en esta sociedad existe la suficiente libertad para expresar opiniones que seguramente no estarían permitidas en un Estado teocrático.

Gestión de problemas

Si la dirección del PP sigue manteniendo en su puesto de tesorero a Luis Bárcenas tras conocer los datos e imputaciones contenidos en el auto del juez Garzón -que incluso juristas del PP reconocen como bastante sólidos- cabe deducir que Rajoy está llevando al límite su conocida praxis en la resolución de problemas: no hacer nada.

Y no es que yo sea especialmente crítico con esa forma de hacer. Hace tiempo, un cargo responsable en la Administración del Estado me dio gratuitamente una clase magistral respecto al tratamiento y gestión de los problemas desde un puesto directivo. Según él, el 80% de los problemas no lo son, se resuelven solos, por lo que no merece la pena hacer absolutamente nada con ellos, el tiempo se encarga. Del 20% restante, un 15% requieren para su solución derivarlos hacia quien efectivamente pueda resolverlos y el 5% requiere atención directa y personal. La función primordial que se espera de un coordinador, dirigente o ejecutivo, consiste, sobre todo, en clasificar los problemas en uno de esos tres tipos.
A Mariano Rajoy le puede estar fallando una de dos: o la clasificación (parece que este tema pertenece al tercer grupo), o su capacidad para resolverlo.

Velocidad en autopista

El siempre dicharachero Pere Navarro, responsable de la DGT, se expresaba así en una entrevista en El País Semanal: "...dicen que lo hemos copiado todo de Francia, pues claro, pero lo hemos copiado bien. Ahora tenemos un problema. La última vez que fuimos a Francia ya no había nada que copiar. Vamos a tener que empezar a inventar. En Bruselas están esperando a ver qué hacemos." Antes de comenzar a inventar, que siempre es trabajoso y arriesgado -los experimentos, con gaseosa, a ser posible- , podría el señor Navarro evitarse la tensión de la atención de Bruselas y seguir copiando de la experiencia de otros países cuyas condiciones de circulación sean semejantes a las nuestras y de sus propias conclusiones respecto al tema de la seguridad vial. Por ejemplo, en Alemania, donde la proporción de accidentes mortales en carreteras comarcales y vías urbanas (61%), nacionales(31%) y autopistas(8%) es parecida a la de España, existe el convencimiento mayoritario de que el límite de velocidad en autopistas, con carácter general, no garantiza más seguridad ni que se produzcan menos muertes por accidente. Y eso porque -ellos sí- han comparado las tasas de mortalidad de los países más restrictivos en cuanto a límites de velocidad (Bélgica 6,19 muertos por mil millones de km./turismo en 2004) con las suyas propias (3,22 muertos por mil millones de km./turismo el mismo año), donde no existe límite de velocidad de circulación por autopista y sí una recomendación de 130 Km/h de velocidad máxima. ADAC, un club automovilista alemán, con más de 15 millones de miembros en 2005, recomendaba, al respecto, controles de velocidad en tramos conflictivos específicos, aumento de dispositivos de información al conductor en las autopistas y, sobre todo, programas de información y reciclaje, ya que "sólo cuando los conductores reconocen claramente los riesgos, aceptan las limitaciones y las prohibiciones que implican". Eso sí, la recaudación del Estado por el concepto de multas por exceso de velocidad en autopista se reduciría notablemente.

La santa desvergüenza

En Febrero de 2004, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo obsequiaba con un euro al periodista que tuvo la osadía de preguntarle por el paradero de las famosas -por desconocidas- armas de destrucción masiva, meses después de completada la ocupación militar de Irak. En Septiembre de ese mismo año, algo más de un año después de la tragedia del Yak42, se publicó en los medios españoles un informe de la fiscalía turca donde se ponía de manifiesto que 30 cadáveres de militares españoles estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriación a España. Federico Trillo, rechazó rotundamente que se cuestionara la profesionalidad impecable de los generales que firmaron la identificación de los cuerpos y lamentó que un asunto tan doloroso haya sido objeto de un tratamiento informativo tan poco riguroso y con muy poco respeto a la intimidad de los afectados. Recientemente, Federico Trillo, como portavoz de justicia del PP, afirmaba que ni un euro -otra vez la cifra simbólica- del inculpado Correa ha ido a las arcas del PP, pidiendo, de forma simultánea cuentas -y que no le contaran cuentos- a un recién aterrizado ministro de Justicia.

¿Desvergüenza excesiva?. Puede ser. Pero santa, en todo caso, ya que Federico Trillo es miembro del Opus Dei. (Ríete del ridículo. Desprecia el que dirán. Ve y siente a Dios en ti mismo y en lo que te rodea. Así acabarás por conseguir la santa desvergüenza que precisas ¡oh paradoja!, para vivir con delicadeza de caballero cristiano. Camino, 390. ). Por no hablar de sus méritos en cuanto que practicante, a ratos perdidos, de la santa intransigencia y de la santa coacción (Camino, 387). Un delicado y completo caballero cristiano en tránsito hacia la santidad, don Federico Trillo-Figueroa. Nada que ver con un fresco laico (Camino, 388)